La Cámara alta avanzó con el proyecto que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, ya aprobada por Diputados, establece penas de hasta 15 años para delitos graves y crea institutos especiales para menores. El oficialismo busca la sanción definitiva en una sesión extraordinaria el próximo jueves.
Un cambio histórico en la justicia penal argentina
El Senado de la Nación dio un paso decisivo hacia la modificación del régimen penal juvenil en Argentina. En un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda, se dictaminó favorablemente el proyecto que
baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, un cambio que podría transformar profundamente el sistema de justicia juvenil del país.
La iniciativa ya había obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados la semana anterior, y ahora el oficialismo busca su sanción definitiva en el Senado para el
jueves 26 de febrero de 2026, en una sesión extraordinaria que aún no ha sido convocada de manera oficial.
¿Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil?
El proyecto contempla varios puntos fundamentales que marcan un antes y un después en la legislación argentina:
Baja de la imputabilidad penal
Actualmente, en Argentina, los menores de 16 años no son penalmente responsables de sus actos, independientemente de la gravedad del delito cometido. Con la nueva legislación,
los jóvenes a partir de los 14 años podrán ser imputados por delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Penas y sanciones
El régimen establece una
pena máxima de prisión de hasta 15 años para los delitos más graves. Sin embargo, también prevé un sistema de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años, que incluyen:
- Amonestaciones
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Inhabilitación para conducir vehículos
Institutos especializados
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de
centros de detención especializados para menores, garantizando que los jóvenes condenados tengan acceso a educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. El personal de estos centros deberá estar especialmente capacitado en infancia y adolescencia, y
queda prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
Derechos de las víctimas
La legislación reconoce expresamente los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en las instancias relevantes del proceso.
Los conmovedores testimonios en el Senado
Durante el plenario de comisiones, familiares de víctimas de delitos cometidos por menores expusieron sus dolorosas experiencias, impulsando la necesidad de un cambio legislativo.
Laura Fernández, madre de Lara (17 años), asesinada el
1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, relató: "No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos". El criminal, de 15 años al momento del hecho, "se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad".
"Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactivo para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida", añadió emocionada.
Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, acribillado en noviembre de 2021, afirmó categóricamente: "Un niño que agarra un arma deja de ser un niño".
Karina Albarenga, madre de Lautaro Padín, quien falleció tras un ataque en manada a la salida de una fiesta, también brindó su testimonio en apoyo a la iniciativa.
El contexto legislativo
El actual régimen penal juvenil data de la última dictadura militar (1980), lo que ha generado múltiples intentos legislativos por actualizarlo a estándares constitucionales modernos.
El senador
Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), quien presidió la comisión de Justicia tras el cambio de autoridades, destacó la necesidad de una ley que respete estándares constitucionales, tras décadas de intentos fallidos.
Por su parte, el senador radical
Eduardo Vischi (Corrientes) criticó al kirchnerismo por tener "una visión muy garantista" con una "ley que protegía más al victimario que a la víctima", frente a una "sociedad que está pidiendo a gritos una respuesta".
Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, fue contundente: "No es lo mismo que un menor que mata, que asesina, que destruye la vida de otro, que vuelva a su casa como si nada hubiera pasado. No hay nada peor que la impunidad de ver que un crimen no tiene castigo".
Próximos pasos
Con el dictamen logrado en ambas comisiones, el proyecto está listo para ser tratado en el recinto del Senado. Si se confirma la sesión extraordinaria del próximo jueves y el proyecto obtiene la aprobación final, Argentina contará con un nuevo marco legal para la responsabilidad penal juvenil, actualizando una legislación que lleva más de cuatro décadas sin modificaciones sustanciales.
Fuentes:
Imago Noticias