El legislador Bernardo Knipscheer buscó que la Unicameral inste a los diputados nacionales por Córdoba a rechazar la Ley de Modernización Laboral, pero no consiguió los dos tercios necesarios. La votación expuso divisiones internas en el justicialismo y fue aprovechada por la oposición para mostrar sus diferencias con el oficialismo provincial.

Un debate que trascendió los muros de la Legislatura

La sesión ordinaria en la Legislatura de Córdoba del 19 de febrero estaba destinada a tratar temas de gestión, pero se convirtió en un escenario de cruce político por la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación. El legislador justicialista Bernardo Knipscheer, referente del espacio de Natalia de la Sota y miembro del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, presentó una iniciativa para instar a los diputados nacionales por Córdoba a rechazar el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Los argumentos del pedido

En sus fundamentos, Knipscheer sostuvo que la reforma laboral implica "una regresión en materia de derechos laborales, legaliza la precarización del trabajo y conspira contra la generación de empleo genuino". Durante su exposición, el legislador citó datos alarmantes sobre la situación económica del país: 29 empresas cierran por día y 394 personas quedan sin trabajo diariamente, según sus cifras.

La división del justicialismo cordobés

La propuesta no contó con el acompañamiento de las autoridades del bloque oficialista, que le habían adelantado que no lo apoyarían. Sin embargo, cuatro legisladores del PJ se desmarcaron y votaron a favor de abrir el debate:

• Matías Chamorro
• Mariano Lorenzo
• Federico Alessandri (ex Creo en Córdoba, integrante de Hacemos Unidos por Córdoba desde fines de 2025)
• Silvina Jurich (también integrante de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio - Agec, gremio que rechazó la reforma)

La defensa de la posición oficialista

El legislador Marcelo Eslava salió en defensa del gobernador Martín Llaryora, declarando: "No estamos en contra de la reforma laboral, sí de la pérdida de los derechos laborales", en sintonía con la postura del mandatario provincial.

La jugada de la oposición

Los bloques de la UCR y el Frente Cívico aprovecharon la oportunidad para acompañar a Knipscheer en la votación para habilitar el debate. Un legislador radical comentó desde su banca: "Compañero, vio que los radicales lo acompañamos", en un momento de tensión política. A pesar de los esfuerzos, la propuesta no alcanzó los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas y no pudo avanzar.

Otros temas tratados en la sesión

Modernización del Código Minero

Por mayoría, el oficialismo con los votos del PRO, la UCR y el juecismo, aprobó la adecuación de la actividad minera provincial para incorporar tecnologías de la información y comunicación. Se modificaron y derogaron artículos de la Ley 5.436 (Código Minero). Las legisladoras Verónica Navarro Alegre y Victoria Busso defendieron los cambios para permitir la digitalización de trámites. Según Navarro Alegre, existen 152 expedientes mineros activos, 66 pedidos de impacto ambiental y 1.300 notas de entrada de trámites que podrían digitalizarse.

Pedidos de informe rechazados

La oposición presentó pedidos de informe que no lograron los dos tercios:

• Situación del retiro de cajeros automáticos por parte del Banco de Córdoba
• Estado de la planta de Dioxitek en Alta Córdoba (solicitado por la legisladora radical Brenda Austin)

Otras iniciativas

El legislador Agost Carreño planteó una modificación a la Ley Nº 9.848 de Salud Mental Provincial, pidiendo apoyo tanto para personas con patologías mentales como para sus familiares, pero no alcanzó los votos necesarios. Por su parte, el liberal Gregorio Hernández Maqueda solicitó la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sin éxito.

Contexto: ¿qué es la reforma laboral?

La Ley de Modernización Laboral es un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca reformar la legislación laboral vigente en Argentina. Entre los puntos más debatidos se encuentran modificaciones en las indemnizaciones por despido, la regulación del trabajo precarizado y cambios en los convenios colectivos. Los sindicatos y sectores opositores argumentan que la norma atenta contra derechos adquiridos, mientras que el oficialismo sostiene que busca modernizar el mercado laboral y generar empleo.

Fuente: La Voz