La denuncia que nunca se tomó

La mañana del 17 de febrero de 2026, Natalia Cruz viajó desde Campo Quijano hasta la ciudad de Salta con un objetivo claro: radicar una denuncia contra su ex pareja Daniel Orlando Serapio y solicitar una nueva orden de restricción. Ya existía una medida de protección vigente, pero la situación se había vuelto insostenible.

Sin embargo, cuando llegó a la comisaría, se encontró con una respuesta devastadora: "No hay personal disponible para atenderla en este momento", le dijeron. La mujer regresó a su hogar sin poder formalizar la denuncia. Horas más tarde, fue brutalmente asesinada.

Esta revelación, difundida por la madre de la víctima en una entrevista al streaming de Qué Pasa Salta, conmocionó a la provincia y obligó al Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, a ordenar un informe integral sobre el accionar del Estado en este caso.

Irregularidades en la investigación

Las críticas de la familia no se limitaron a la omisión policial previa al crimen. También señalaron graves fallos durante la investigación:

• Contaminación de la escena del crimen: Los padres de Serapio ingresaron a la vivienda mientras trasladaban a Natalia al hospital local.
• Allanamiento deficiente: El operativo en la casa de los padres del acusado fue breve y superficial.
• Falta de pruebas: No se secuestraron los teléfonos celulares ni se rastrearon las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió haber hablado con él antes de la fuga.

Según declaró la madre del femicida, Serapio le dijo: "Me mandé una cagada, cuidá a los chicos", antes de cortar la comunicación y huir.

La fuga planificada

La Fiscalía trabaja con la hipótesis de que la fuga de Daniel Orlando Serapio fue planificada y contó con ayuda de colaboradores. Las evidencias son contundentes:

El 27 de febrero, dos sospechosos fueron detenidos acusados de encubrimiento agravado por haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Finalmente, el 1 de marzo de 2026, el femicida fue capturado en una cueva de la precordillera conocida como "Casa del Diablo", en la Quebrada del Toro, tras 11 días prófugo.

Una tragedia repetida

Esta no es la primera vez que la tragedia golpea a la familia Vázquez. En 2017, Amira Albana Vázquez, de apenas 17 años, fue asesinada por Rómulo Edgardo Córdova Marín, un hombre de 30 años que se había infiltrado en la familia fingiendo ser peluquero. Después del crimen, el agresor se suicidó.

Amancio Vázquez, quien crió a Natalia desde los seis años, expresó su dolor y frustración: "En 10 días nadie vive solo. Alguien le llevaba comida", insistiendo en que personas cercanas al femicida facilitaron su fuga.

El rol del Estado en cuestión

El Procurador General ordenó que la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios, confeccione un informe integral que analice:

El objetivo es determinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada, y establecer estándares para prevenir tragedias similares. El Gobernador Gustavo Sáenz ofreció una recompensa de $10 millones de pesos por información que condujera a la captura del femicida.

Herramientas disponibles que no se aplicaron

El Procurador mencionó los recursos con los que cuenta Salta para prevenir y abordar la violencia de género:

• Sistema único y centralizado de denuncias: Permite intervención inmediata de fiscalía y juzgado especializado
• Consigna policial: Presencia de fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo
• Geolocalización: Tecnología para optimizar la actuación policial y monitoreo de dispositivos

Sin embargo, en el caso de Natalia Cruz, estas herramientas no fueron suficientes o no se aplicaron correctamente, lo que contribuyó al trágico desenlace.

Fuentes: Infobae, El Tribuno, Ministerio Público Fiscal de Salta.