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29/10/2025 16:02 • ECONOMIA
Desde su toma de mando, el gobierno de Javier Milei ha impulsado una agenda de liberalización del mercado laboral, buscando reducir la rigidez de la normativa vigente. En este marco, el presidente ha manifestado su interés por adoptar mecanismos que permitan mayor flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo.
El banco de horas es un sistema que permite a los empleados acumular horas trabajadas en exceso de la jornada regular y utilizarlas posteriormente como tiempo libre remunerado. En lugar de pagar horas extras en el momento, la jornada se compensa mediante días de descanso o reducción de horas en otro momento.
Grecia introdujo el banco de horas tras la crisis financiera de 2010, con el objetivo de equilibrar la necesidad de producción con la protección de los derechos de los trabajadores. La experiencia griega mostró una mayor flexibilidad para empresas y un manejo más ágil de la demanda de mano de obra.
Según reportes de El Economista, el gobierno está analizando la adaptación del modelo griego a la realidad argentina. La iniciativa buscaría permitir que la jornada estándar de ocho horas pueda excederse de manera controlada, siempre que la empresa garantice la compensación posterior del tiempo acumulado.
Los sindicatos han manifestado su rechazo, argumentando que el banco de horas podría erosionar los derechos laborales y generar jornadas extenuantes. Por su parte, algunos sectores empresariales ven la medida como una oportunidad para mejorar la competitividad y ajustar la producción a la demanda sin incurrir en costos adicionales de horas extras.
Los analistas económicos estiman que, de implementarse, el banco de horas podría aportar mayor flexibilidad al mercado laboral y potencialmente reducir los costos operativos de las compañías. Sin embargo, advierten que el efecto dependerá de cómo se regulen los límites de acumulación y la garantía de compensación.
El proyecto aún está en fase de estudio y requerirá discusión en el Congreso. El gobierno ha señalado que buscará consensos con los diferentes actores sociales antes de presentar una legislación definitiva.