26/04/2026 15:36 - Actualidad
El conflicto entre protección ambiental y desarrollo productivo volvió a encenderse este fin de semana. Mientras miles de personas marchaban en Buenos Aires contra la reforma a la Ley de Glaciares, el gobierno de Santa Cruz salió a defender los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional.
Bajo la consigna "La ley de glaciares no se toca", miles de manifestantes recorrieron las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la intersección de Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La movilización, organizada por asambleas por el agua de todo el país, convocó a docentes universitarios, estudiantes, trabajadores y vecinos preocupados por el futuro de los cuerpos de agua cordilleranos.
Entre los participantes se destacaron representantes del sindicato AGD, estudiantes autoconvocados de la Facultad de Ciencias Exactas y de FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), quienes también reclamaron por el aumento del presupuesto universitario.
El escenario del Obelisco contó con presentaciones musicales de La Chilinga, Sikuris y un ensamble de vientos, además de las voces de Laura Azcurra y Celina Font, quienes leyeron el documento oficial de la manifestación. La cantante Alika cerró el evento artístico.
La Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue sancionada en 2010. Establece protección para glaciares y zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. La reforma impulsada por Milei busca flexibilizar estas protecciones para permitir actividades extractivas.
El juez federal Claudio Vázquez, de Río Gallegos, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en el territorio santacruceño. El magistrado ordenó al Estado Nacional abstenerse de autorizar actividades que puedan afectar glaciares y zonas periglaciares hasta que se resuelva el fondo de la causa.
El fallo responde a un amparo ambiental presentado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni (Unión por la Patria), junto a otros representantes legislativos. El juez fundamentó su decisión en el principio precautorio y la necesidad de proteger los glaciares como reservas estratégicas de agua.
El gobierno de Santa Cruz, a través del ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, defendió la reforma y aseguró que la medida judicial no altera la actividad productiva vigente ni el marco de protección ambiental provincial.
"Santa Cruz es una provincia que eligió producir y generar trabajo. Lo hicimos siempre bajo controles ambientales que funcionan. Tenemos un marco normativo propio que define dónde se puede producir y dónde no."
La reforma a la Ley de Glaciares fue sancionada en la Cámara de Diputados a principios de abril de 2026 con 137 votos a favor y 111 en contra. Entre los votos positivos se destacaron el diputado Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y José Luis Garrido (bloque Por Santa Cruz, respondiente al gobernador Claudio Vidal).
En contra votaron los legisladores de Unión por la Patria: Moira Lanesan Sancho, Juan Carlos Molina y la diputada de El Calafate Ana María Ianni.
La reforma desprotege ambientes glaciarios y periglaciares cordilleranos para facilitar la extracción de minerales críticos a través de megaminería extranjera. Los críticos argumentan que se ponen en riesgo las reservas de agua dulce, mientras el gobierno sostiene que es necesario para el desarrollo económico y la generación de empleo.
Además de las movilizaciones, se están desarrollando demandas colectivas ambientales contra la reforma, planteando su inconstitucionalidad por afectar cuerpos de agua que son bienes comunes colectivos interprovinciales.
Las asambleas por el agua continúan activas en todo el país, coordinando acciones a través de una asamblea plurinacional que organiza medidas de lucha. El fallo de Santa Cruz marca un precedente importante, aunque la causa aún debe resolverse en el fondo.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones