Un megaoperativo policial en los barrios de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, terminó con más de cien víctimas mortales, provocando una ola de críticas, testimonios desgarradores y la promulgación de una ley contra el crimen organizado firmada por el presidente Lula.

Operativo y cifras mortales

El pasado fin de semana las fuerzas de seguridad brasileñas lanzaron una operación masiva en los complejos de Alemão y Penha, dos áreas históricamente controladas por el narcotráfico. Según informes oficiales, el operativo dejó más de 100 personas fallecidas, entre ellas residentes, traficantes y algunos agentes policiales. La magnitud del operativo ha sido comparada con los más graves enfrentamientos de la última década en el país.

Reacción del Gobierno

Ante la presión social, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 12 de octubre de 2025 una ley que endurece las penas para los integrantes de organizaciones criminales y permite el uso de fuerzas especiales en zonas de alta violencia. La normativa, aprobada rápidamente en el Congreso, busca “restaurar la seguridad pública” y evitar que episodios como el de Río se repitan.

Impacto en la seguridad y testimonios

Imágenes capturadas por la prensa mostraron a narcotraficantes fuertemente armados antes del arranque del operativo, lo que confirmó la capacidad bélica de los grupos criminales. Por otro lado, la madre de una víctima de 18 años, que perdió a su hijo durante los enfrentamientos, declaró: “Degollaron a mi hijo”. Su testimonio ha alimentado el debate sobre el uso de la fuerza excesiva.

¿Quién es “Doca”?

Según investigaciones del diario La Nación, “Doca” es el segundo al mando del notorio cartel Comando Vermelho. El criminal logró evadir la acción policial y sigue siendo buscado por las autoridades. Su presencia subraya la dificultad de desarticular estructuras de mando consolidadas.

Perspectivas y próximos pasos

Las autoridades anunciaron que la nueva ley entrará en vigor a mediados de noviembre y que se fortalecerá la cooperación entre fuerzas federales y estatales. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos demandan una investigación independiente sobre el número exacto de muertos y las posibles violaciones de los derechos humanos durante el operativo.