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05/11/2025 06:04 • SOCIALES • SOCIALES
En octubre de 2025 la humorista y actriz Lizy Tagliani interpuso una denuncia penal contra la conductora y modelo Viviana?Canosa, acusándola de difamación y daño moral tras la difusión de un segmento en el programa "Los Ángeles de la Mañana" donde se comentaron supuestas conductas indebidas de Tagliani. La denuncia se formalizó el 27 de octubre de 2025 ante el Juzgado N.º?8 de la Ciudad de Buenos Aires.
Tagliani alegó que las declaraciones emitidas por Canosa constituían un delito contra la honra (artículo 109 del Código Penal argentino). Además, solicitó la imposición de medidas cautelares, entre ellas la comparecencia obligatoria de la acusada.
Canosa, a través de su abogado, presentó una oposición formal al inicio del proceso, solicitando la archivo del caso por falta de pruebas sustanciales y alegando que la acción penal vulneraba su derecho a la libertad de expresión. En su defensa también destacó la intención de evitar un desgaste mediático que afectara a su familia y a su proyecto profesional.
El Juzgado N.º?8, bajo la presidencia de la jueza María?García, resolvió el 4 de noviembre de 2025 suspender el juicio penal. La resolución se basó en dos fundamentos principales:
La suspensión es indefinida, pero el expediente quedará archivado a la espera de una sentencia en la demanda civil interpuesta por ambas partes.
Una suspensión judicial no implica la absolución de la parte acusada; simplemente detiene temporalmente el trámite penal. Si el proceso civil concluye con una sentencia favorable a la denunciante, el fiscal podría reactivar la causa penal. En caso contrario, la suspensión podría mantenerse de forma permanente.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en los medios y la protección de la honra personal. Organizaciones de periodistas y defensores de derechos civiles han llamado a un análisis equilibrado que respete tanto la libertad de prensa como la dignidad individual.
Mientras tanto, tanto Canosa como Tagliani continúan en sus respectivas actividades profesionales, y se espera que la resolución del proceso civil sea la que marque el rumbo definitivo de la controversia.