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05/11/2025 18:05 • POLITICA • POLITICA
En los últimos días de septiembre de 2025 circuló en redes sociales una fotografía que mostraba a una mujer parcialmente desnuda sobre una mesa de trabajo en un edificio público de Montevideo. La imagen, de origen desconocido, fue acompañada por comentarios que señalaban un uso inapropiado del despacho.
El 2 de octubre de 2025 el propio funcionario involucrado, que ocupaba un puesto de alto nivel en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), confirmó en una entrevista que efectivamente utilizaba la oficina para encuentros sexuales. Declaró que la foto se había filtrado sin su autorización y pidió disculpas a la ciudadanía.
Ante la confesión, la ASSE abrió una investigación interna y, el 4 de octubre de 2025, emitió un comunicado oficial anunciando la separación del cargo del funcionario, quien fue desvinculado del organismo con efecto inmediato. La entidad destacó que se tomarán medidas para garantizar la integridad de los espacios públicos y evitar futuros abusos.
El caso ha reavivado el debate sobre la ética en la función pública y la necesidad de protocolos de vigilancia en los edificios estatales. Organizaciones de la sociedad civil uruguaya exigen una revisión de los accesos y una mayor transparencia en la gestión de los recursos institucionales.
El uso de instalaciones públicas para actividades privadas vulnera principios constitucionales de probidad y buen gobierno. Además, puede constituir un delito de abuso de autoridad, según la legislación uruguaya.
Políticos de la oposición han pedido una comisión parlamentaria para investigar el caso, mientras que el presidente de la República ha manifestado su rechazo a cualquier conducta que menoscabe la confianza ciudadana en las instituciones.