A comienzos de noviembre de 2025 se abrió el proceso de juicio político contra la jueza Julieta Makintach, quien es acusada de irregularidades al autorizar la filmación del polémico documental Justicia Divina sobre el caso Maradona. El procedimiento reúne a legisladores, testigos y expertos y marca un hito en la historia judicial argentina.

Antecedentes y motivo del juicio

El documental titulado Justicia Divina fue rodado durante la investigación judicial del caso Maradona y generó un debate nacional acerca de la independencia del poder judicial. Según los legisladores que presentaron la moción, la jueza Julieta Makintach habría permitido la grabación sin los permisos legales requeridos, vulnerando la normativa de protección de la intimidad y el deber de reserva de las actuaciones judiciales.

¿Qué es un juicio político?

El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso evaluar la conducta de altos funcionarios públicos. Si se aprueba la acusación, el proceso puede derivar en la destitución del cargo. En este caso, la Cámara de Diputados aprobó la apertura del procedimiento y la Cámara de Senadores será la encargada de juzgar a la magistrada.

Acusaciones concretas

• Autorizar la filmación del documental sin autorización judicial previa.
• Incumplir la normativa de reserva de expedientes.
• Desatender los principios de imparcialidad y independencia judicial.

Desarrollo del proceso

El jurado político inició sus sesiones el 4 de noviembre de 2025. Durante la primera audiencia la jueza Makintach llegó tarde y no emitió palabra, según reportes de Clarín y Cadena 3. Posteriormente, según Infobae, se le atribuyó haber respondido a un guion de miniserie, lo que alimentó la polémica sobre su imparcialidad.

Testigos y evidencias

Se han citado a periodistas, productores del documental y a funcionarios judiciales como testigos. Entre los temas que se debatirán destacan los protocolos de autorización de grabaciones en salas de justicia y la influencia de los medios en procesos de gran relevancia pública.

Impacto político y social

El caso ha reactivado el debate sobre la transparencia del sistema judicial y la necesidad de fortalecer los controles internos. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos han solicitado una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales para evitar futuras irregularidades.