El presidente Javier Milei anunció que el gobierno negociará la adquisición de submarinos y buques de patrulla a la firma francesa Naval Group, una medida que apunta a reforzar la defensa de la extensa costa del país y a modernizar la Armada argentina.

Contexto y anuncio oficial

El lunes 5 de noviembre de 2025 el presidente Javier Milei, en una conferencia de prensa, declaró que el Estado argentino iniciará negociaciones con el grupo naval francés Naval Group para comprar submarinos y buques de patrulla. El objetivo es dotar a la Armada de plataformas modernas que le permitan vigilar eficazmente los 4.700 kilómetros de costa, proteger la zona económica exclusiva y enfrentar los retos de la seguridad marítima.

¿Qué se espera adquirir?

Según los indicios difundidos por fuentes oficiales, la oferta francesa incluye submarinos de clase Scorpène, reconocidos por su bajo nivel de ruido y capacidad de operar en aguas poco profundas, y patrulleros oceánicos capaces de realizar misiones de vigilancia, rescate y control de actividades ilegales. Estas embarcaciones se sumarían a los proyectos de renovación naval que lleva años gestándose en Argentina.

Importancia estratégica

La región del Atlántico Sur comprende recursos pesqueros, potenciales reservas energéticas y rutas de navegación de gran relevancia. Contar con submarinos y buques de patrulla modernos permitirá a la nación ejercer una mayor presencia y disuasión frente a actividades ilícitas como el narcotráfico, la pesca ilegal y la intrusión de embarcaciones extranjeras.

Impacto económico y tecnológico

El acuerdo podría generar transferencia tecnológica, capacitación de personal naval y la posible producción local de componentes, impulsando el sector industrial nacional. Además, la inversión se inscribe dentro de la política de Milei de reforzar la defensa sin comprometer la estabilidad fiscal.

Próximos pasos

El Gobierno informó que la negociación se encuentra en una fase preliminar y que se espera la firma de un convenio de intención en los próximos meses. Una vez formalizado, la compra requerirá la aprobación del Congreso y la asignación presupuestaria correspondiente.