A partir de noviembre de 2025, el Estado nacional desregula los aranceles escolares, permitiendo a los colegios privados fijar sus propias cuotas sin necesidad de autorización previa, una medida que rompe tres décadas de control y genera incertidumbre y expectativas en miles de familias.

¿Qué cambia?

El decreto presidencial publicado en noviembre de 2025 elimina el mecanismo de autorización previa que, desde 1995, regulaba los precios de las cuotas en los colegios privados. A partir de ahora, cada institución podrá establecer sus propios aranceles de forma autónoma, sin requerir la aprobación de la Secretaría de Educación.

Antecedentes

Durante 30 años el Estado mantuvo un control estricto mediante la Resolución Nº?260/1995, que establecía criterios de incremento y limitaba los aumentos anuales a un índice de precios al consumidor (IPC) más un 3?% adicional. La medida buscaba garantizar la accesibilidad y evitar la especulación en el sector educativo.

Motivaciones del Gobierno

Las autoridades argumentan que la desregulación fomentará la competencia, impulsará la inversión en infraestructura y mejorará la calidad educativa, al permitir que los colegios ajusten sus precios según la oferta y la demanda del mercado.

Reacciones

La decisión ha generado una fuerte polarización:

• Padres y madres: preocupación por posibles aumentos significativos que podrían afectar la capacidad de pago de muchas familias.
• Organizaciones de docentes: alerta sobre la falta de mecanismos de control que podrían derivar en inequidades y exclusión.
• Asociaciones de colegios privados: celebran la mayor flexibilidad para gestionar sus recursos y planificar mejoras.

Impacto económico

Según estimaciones del Banco Central, la medida podría generar un incremento promedio del 5?% al 8?% en las cuotas durante los próximos dos años, aunque algunos colegios podrían optar por mantener precios estables para evitar la pérdida de matrícula.

¿Qué pueden hacer las familias?

Se recomienda revisar detalladamente los contratos de matrícula, comparar precios entre distintas instituciones y, en caso de aumentos considerados abusivos, recurrir a la vía judicial o a los organismos de defensa del consumidor.

Próximos pasos

El decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación, lo que brinda a los colegios un breve plazo para definir sus nuevas políticas de precios. Se espera que el Ministerio de Educación publique directrices sobre la transparencia y la información que cada colegio deberá entregar a las familias.