Un violento atentado suicida detonó frente al Tribunal Supremo de Islamabad el 10 de noviembre de 2025, dejando como saldo mínimo 12 fallecidos y 27 heridos. La explosión, producto de un coche bomba, conmocionó a la capital pakistaní y reavivó el debate sobre la seguridad y el terrorismo en la región.

Detalles del ataque

El 10 de noviembre de 2025, un individuo armado con un explosivo portátil se acercó a la zona de acceso del Tribunal Supremo de Islamabad y detonó una bomba suicida. La explosión provocó una onda expansiva que arrasó con el vehículo policial que custodiaba la entrada y dañó varios edificios gubernamentales cercanos.

Víctimas y daño material

Según los primeros informes de la policía de Islamabad, el atentado dejó al menos 12 muertos, entre ellos funcionarios judiciales, policías y civiles que se encontraban en la zona. 27 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves que requirieron atención en hospitales de referencia.

Reacción de las autoridades

El ministro del Interior de Pakistán condenó enérgicamente el ataque, prometiendo una investigación exhaustiva y el refuerzo inmediato de la seguridad en lugares estratégicos. Se activó el protocolo de emergencia y se desplegaron equipos de rescate, así como unidades de contrainsurgencia para asegurar el área.

Contexto del terrorismo en Pakistán

Pakistán ha sido escenario recurrente de atentados suicidas y bombas coche, principalmente llevados a cabo por grupos militantes como el Tehrik-i?Taliban Pakistán (TTP) y afiliados del Estado Islámico. Estas organizaciones suelen apuntar a símbolos del Estado, instituciones judiciales y militares para desestabilizar el país.

En los últimos años, el gobierno ha intensificado campañas militares contra estos grupos, pero la capacidad de reclutar a jóvenes para ataques suicidas sigue representando un grave desafío para la seguridad nacional.

Impacto social y político

El ataque ha generado una ola de indignación entre la población de Islamabad y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia y la vigilancia en espacios públicos. Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación transparente y la garantía de que las víctimas reciban la asistencia adecuada.

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