El máximo tribunal de la Nación confirmó este lunes la sentencia contra el exministro Julio De Vido por su responsabilidad en el accidente ferroviario de Once del 22 de junio de 2012. La decisión mantiene la pena de cinco años y abre paso a un tribunal oral que determinará si deberá cumplirla en prisión.

Confirmación de la condena

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una sentencia que confirma la condena de cinco años de prisión impuesta a Julio De Vido por la tragedia del tren de Once, ocurrida el 22 de junio de 2012. La decisión, tomada el 11 de noviembre de 2025, mantiene el fallo del Tribunal Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires que había sentenciado al exministro en diciembre de 2022.

Antecedentes del caso

El accidente de la línea Mitre en la estación Once dejó 51 muertos y más de 700 heridos, convirtiéndose en la peor tragedia ferroviaria de la historia argentina. De Vido, quien fuera Ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, fue procesado por presunta prevaricación y fraude en la compra de 30 unidades de trenes importados por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio en ese momento.

Qué implica la decisión de la Corte Suprema

Al confirmar la condena, la Corte no ordenó inmediatamente el ingreso a la cárcel. Según la normativa penal argentina, el cumplimiento de la pena quedará pendiente hasta que un tribunal oral analice la procedencia de la prisión preventiva. Si el tribunal oral determina que la pena debe ejecutarse, De Vido podría iniciar su reclusión en el penitenciario de máxima seguridad que corresponda.

¿Qué es un tribunal oral?

Un tribunal oral es una instancia judicial donde las partes presentan sus argumentos y pruebas de manera presencial ante un panel de jueces, sin intervención de jurados. Este formato, adoptado en reformas penales recientes, busca mayor transparencia y celeridad en la toma de decisiones.

Repercusiones políticas y sociales

La sentencia refuerza la tendencia de la justicia argentina a perseguir la responsabilidad de altos funcionarios por actos de negligencia que causen daño colectivo. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han aplaudido la decisión, mientras que sectores afines al exministro denuncian una posible persecución política.

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