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Corte Suprema confirma condena a Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once

11/11/2025 16:02 • POLITICA • POLITICA

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La máxima autoridad judicial de la Nación confirmó este viernes la condena contra Julio De Vido por su responsabilidad en el accidente de Once de 2012, ordenando su inmediata detención y reactivando la pena de ocho años de prisión.

Decisión de la Corte Suprema

El 11 de noviembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia contra el exministro de Planificación Julio De Vido, confirmando la pena de ocho años de prisión por homicidio doloso y lesiones graves derivadas del accidente ferroviario ocurrido en la Estación Once el 22 de febrero de 2012.

Antecedentes de la tragedia

El choque entre el tren de la línea Sarmiento y el omnibus de pasajeros en la intersección de la Rivadavia y la Buenos Aires dejó 51 muertos y más de 700 heridos, convirtiéndose en la peor catástrofe ferroviaria de la historia reciente de Argentina.

Responsabilidad de De Vido

Como entonces ministro de Planificación, De Vido había autorizado la compra de cientos de vagones y la remodelación de la estación, pero la falta de supervisión y la contratación irregular de la empresa encargada del mantenimiento fueron calificados por la justicia como “negligencia grave” que contribuyó directamente al desastre.

El proceso judicial

En 2023, un tribunal federal condenó a De Vido a ocho años de prisión y a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por diez años. Tras varios recursos de apelación, la Corte Suprema confirmó la condena y ordenó que el exfuncionario sea puesto bajo custodia a partir de la publicación de la sentencia.

Detención

Las fuerzas de seguridad cumplieron la orden judicial y trasladaron a De Vido a una unidad penitenciaria del Distrito Federal. Su abogado comunicó que se presentará recurso de hábeas corpus, pero destacó que la sentencia “es un paso histórico hacia la justicia para las víctimas”.

Reacciones

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas aplaudieron la decisión, mientras que algunos sectores políticos calificaron la medida de “exceso de persecución”. El Gobierno nacional señaló que la sentencia reafirma el compromiso del Estado con la rendición de cuentas.