El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía de Javier Milei, retiró la condición de bien de interés cultural a un edificio ubicado en Caballito que pertenece a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. La medida permite la expropiación y puesta en venta del inmueble, que llevaba vacío alrededor de diez años, generando críticas de sectores de la sociedad civil y expertos en patrimonio.

Contexto del edificio

El inmueble, situado en el barrio de Caballito, forma parte de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, una institución creada por las madres fundadoras del movimiento de derechos humanos surgido durante la última dictadura militar (1976?1983). La construcción, de estilo art déco de mediados del siglo XX, está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde la década de 1990, lo que le confería protección legal frente a cualquier alteración o venta.

Decisión del gobierno

En octubre de 2024, el Ministerio de Economía, bajo la dirección del presidente Javier Milei, emitió un decreto que desafectó el edificio. En términos jurídicos, “desafectar” significa retirar la calificación de bien patrimonial, eliminando las restricciones asociadas y permitiendo su libre disposición. Con esta medida, el Estado pasó a considerar el inmueble como propiedad privada, habilitando su expropiación y eventual puesta en el mercado.

Reacciones y polémica

La medida generó una fuerte polémica. Organizaciones de la sociedad civil, como la propia Madres de Plaza de Mayo y la Asociación Argentina de Arquitectura, denunciaron una “vulneración del patrimonio cultural” y advirtieron sobre el riesgo de perder un símbolo histórico. Expertos en derecho patrimonial señalaron que la desafectación se realizó sin una evaluación de impacto cultural, lo que vulnera los principios establecidos por la Ley de Conservación del Patrimonio Histórico (Ley 25.743).

Implicancias para el futuro

El edificio ha permanecido vacío desde alrededor de 2014, sin actividades académicas ni de gestión social. La desafectación abre la posibilidad de que una entidad privada lo adquiera, lo que podría traducirse en una rehabilitación para usos comerciales o residenciales, pero también en la desaparición de su carácter institucional. La decisión se inscribe en una serie de acciones del gobierno Milei orientadas a reducir el papel del Estado en la propiedad de activos inmuebles, lo que ha sido objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional.

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