Un juez de la Capital confirmó que el agresor del homicidio ocurrido en la avenida Corrientes el pasado mes no es penalmente responsable por su estado mental, y decretó su internación obligatoria en el Hospital Psiquiátrico Borda. La decisión pleitea equilibrar la seguridad pública y la atención de salud mental del acusado.

Antecedentes del hecho

El 4 de octubre de 2025 una mujer de 69 años, de nacionalidad brasileña, fue brutalmente atacada en pleno tránsito de la avenida Corrientes, una de las arterias más concurridas de la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, identificada como María?Vilma, falleció en el lugar a causa de múltiples heridas por golpes.

Proceso judicial

El caso, que generó una fuerte cobertura mediática, fue llevado ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El 12 de noviembre de 2025, el tribunal declaró al acusado inimputable bajo el artículo 84 del Código Penal argentino, que establece que una persona no puede ser penalmente responsable si padece una enfermedad mental que anula su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de actuar conforme a esa comprensión.

¿Qué significa inimputable?

La inimputabilidad implica que el sujeto no será condenado a una pena de prisión tradicional; en su lugar, el juez debe ordenar una medida de seguridad que garantice la atención psiquiátrica necesaria y proteja a la sociedad.

Orden de internación en el Hospital Borda

Conforme a la sentencia, el agresor fue remitido al Hospital Psiquiátrico Borda, la mayor institución de salud mental de la Ciudad, donde recibirá tratamiento especializado bajo supervisión judicial. La medida busca evitar la reincidencia y atender el cuadro patológico que motivó el acto violento.

Reacciones y contexto social

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de salud mental han manifestado su apoyo a la decisión judicial, resaltando la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva multidisciplinaria que incluya prevención, tratamiento y justicia. Por su parte, la familia de la víctima ha pedido que se refuerce la seguridad en zonas turísticas y de alta afluencia como la avenida Corrientes.

El caso vuelve a poner en el foco la discusión sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar la protección social y la salud mental, una temática que ha cobrado relevancia a nivel nacional e internacional.