El 5 de julio de 2023 el jurado del juicio político determinó la destitución de la magistrada Julieta Makintach, acusada de vulnerar la ética judicial durante el proceso por la muerte de Diego Maradona, tras el escándalo del documental que influyó en la causa.

Antecedentes del juicio político

Julieta Makintach, quien había sido designada como jueza del Tribunal Federal del Crimen Organizado, fue arrastrada a la arena política en diciembre de 2022 cuando se abrió una investigación por presunta falta de imparcialidad en el proceso que investigaba la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona. La controversia surgió tras la difusión de un documental llamado "Yo, Diego", producido por la propia magistrada y que contenía testimonios que potencialmente podían influir en la decisión judicial.

Los cargos y el desarrollo del proceso

El juicio político se centró en tres cargos principales:

• Violación del deber de imparcialidad.
• Incumplimiento de la obligación de abstenerse de intervenir en la información pública sobre el caso.
• Daño al prestigio del sistema judicial.

Durante los meses de investigación, la jueza Makintach mantuvo su labor a cargo del expediente, pese a las críticas de la sociedad civil y de diversos sectores políticos.

La decisión del jurado

El 5 de julio de 2023 el jurado, integrado por pares del Congreso Nacional, votó a favor de la destitución de Makintach. La mayoría de los magistrados consideró que sus acciones habían generado un serio conflicto de intereses y que la confianza en la judicatura quedaba comprometida.

Repercusiones y próximos pasos

Con la destitución formalizada, el caso del fallecimiento de Maradona sigue bajo la responsabilidad de otros jueces, mientras que la magistrada Makintach concluirá sus funciones en la magistratura. La decisión también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control ético de los jueces en Argentina.

Contexto legal

El juicio político es un procedimiento previsto en la Constitución Nacional que permite al Congreso remover a funcionarios que hayan incurrido en conductas incompatibles con el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Cámara de Diputados realizó la acusación y la Cámara de Senadores actuó como jurado, como lo establece el artículo 168 de la carta magna.