En noviembre de 2025 la Justicia argentina inició las primeras indagatorias contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la detención de un hombre clave del circuito de sobreprecios y sobornos, involucrando a droguerías, exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico.

Contexto de la causa

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido señalada como epicentro de un presunto esquema de corrupción que habría operado durante varios años, beneficiando a droguerías y empresas de medicamentos a través de sobreprecios y pagos ilegales. Según las investigaciones, los fondos ilícitos se habrían canalizado mediante coimas a funcionarios y directivos de la agencia.

Primeros detenidos

El 5 de noviembre de 2025 se puso en marcha la primera fase de indagatorias con la detención de Juan Carlos Martínez, un empresario del sector farmacéutico considerado “hombre clave” por su vínculo con la red de sobreprecios. Martínez habría facilitado pagos a través de facturas infladas y habría mantenido contactos directos con varios exfuncionarios de la ANDIS.

Declaraciones de los involucrados

En los últimos días, Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, y otro exfuncionario de alto nivel declararon ante la Fiscalía en Comodoro?Py, confirmando la existencia de acuerdos informales para la adquisición de medicamentos a precios artificialmente elevados. Además, un empresario que prefirió mantenerse anónimo admitió haber gestionado “favoritos” ante Spagnuolo para conseguir suministros de fármacos.

Alcance del presunto esquema

Las denuncias apuntan a la participación de varias droguerías nacionales, que habrían recibido millones de pesos en pagos irregulares. Los sobreprecios afectarían directamente a los recursos destinados a programas de asistencia para personas con discapacidad.

Próximos pasos judiciales

La Fiscalía continúa ampliando el allanamiento de bienes y solicitó la intervención de la AFIP para rastrear el flujo de dinero. Se espera que en las próximas semanas se escuchen a otros testigos, entre ellos directivos de empresas farmacéuticas y funcionarios sancionados en años anteriores.

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