A comienzos de noviembre de 2025 el Tribunal Federal de la Causa Vialidad dictó una medida sin precedentes: el decomiso de veinte inmuebles y otros bienes vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción en obras de infraestructura vial.

Antecedentes del caso Vialidad

La Causa Vialidad, iniciada en 2016, investiga supuestos fraudes y coimas en la adjudicación y ejecución de obras de carreteras y autopistas durante los gobiernos kirchneristas (2003?2015). Entre los investigados figura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta de Argentina entre 2007?2015, y el empresario Lázaro Báez, conocido por su estrecha relación con la familia Kirchner y por la dirección de la empresa Construcciones Pampeanas S.A..

La decisión judicial

El Tribunal Federal emite, a principios de noviembre de 2025, una orden que dispone el decomiso de veinte propiedades pertenecientes a los investigados. La medida incluye casas, chacras, departamentos y otros activos inmuebles ubicados principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Además, se dispone la retención de vehículos de alta gama y de una embarcación de recreo registrada a nombre de Báez.

Detalle de los bienes afectados

Según informes de Infobae y Clarin.com, entre los inmuebles se encuentran:

• Una mansión de más de 1.200 m² en Pilar, Buenos Aires.
• Una chacra de 450 hectáreas en Luján.
• Un edificio de departamentos en el centro de Rosario.
• Varios locales comerciales en la Avenida del Libertador.

Los bienes no han sido entregados a los investigados desde la emisión de la orden, y la Justicia ha designado un depositario judicial para su custodia.

Implicancias y próximos pasos

El decomiso forma parte de un proceso que podría llevar a la confiscación definitiva de los bienes si se acredita su origen ilícito. La defensa de Kirchner y Báez ha presentado recursos de amparo, mientras que la Fiscalía insiste en la necesidad de garantizar la restitución de los recursos al Estado.

El caso sigue abierto y se espera que el Tribunal emita nuevas resoluciones en los próximos meses, tanto sobre la procedencia de la medida como sobre la posible venta de los activos.

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