El reconocido abogado Fernando Burlando ha presentado un enérgico pedido ante la Justicia para que se investigue a la ex jueza Juliana Makintach, destituida recientemente y despojada de sus fueros, generando un intenso debate judicial y mediático en la Argentina.

Antecedentes de la destitución

En noviembre de 2025 la jueza Juliana Makintach fue destituida del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tras un proceso de juicio político que culminó con un veredicto 11 a 0 por parte del jurado de la Cámara de Diputados. La destitución implicó la pérdida de sus fueros judiciales, lo que la vuelve susceptible a una causa penal por los hechos que motivaron la sanción.

El pedido de Fernando Burlando

El abogado y columnista de opinión Fernando Burlando no tardó en presentar una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que se abra una investigación penal contra Makintach por presuntos abusos de autoridad y presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes judiciales. Burlando enfatizó que “no se puede permitir que un ex magistrado quede impune si existen indicios de conductas ilícitas”.

¿Qué implica la pérdida de fueros?

Los fueros judiciales son una garantía constitucional que protege a los jueces de ser procesados mientras se encuentren en funciones, salvo que exista un procedimiento de juicio político. Al ser destituida, Makintach perdió esa inmunidad y, por tanto, puede ser procesada como cualquier ciudadano.

Posibles consecuencias penales

Si la investigación avanza, la ex jueza podría enfrentar cargos que, de confirmarse, podrían conllevar penas de prisión. Sin embargo, el proceso está en sus etapas iniciales y dependerá del desempeño del Ministerio Público Fiscal y del juzgamiento que le corresponda.

Controversia mediática y documental

La situación se vio agravada por el anuncio de un documental que la propia Makintach dijo haber ideado “con la colaboración de una amiga”, el cual habría generado una ola de opiniones encontradas. Según declaraciones en La Nación, la producción contaba con el conocimiento de varios funcionarios del sistema judicial.

Repercusiones laborales

Tras la destitución, la ex jueza informó haber recibido ofertas de empleo, pero las autoridades de la Universidad de San Isidro negaron la habilitación de su matrícula profesional, argumentando que la falta de fuero aún persiste.

Conclusión

El pedido de Fernando Burlando marca un punto de inflexión en el caso Makintach, que ahora transita de la esfera política a la judicial. El desarrollo de la investigación será determinante para entender el alcance de las supuestas irregularidades y para definir si la ex magistrada enfrentará una condena penal.