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21/11/2025 22:03 • SOCIALES • SOCIALES
Durante las primeras semanas de noviembre de 2025, una agente de la Policía de la Ciudad (identificada como agente sin nombre público) comenzó a publicar en la aplicación TikTok una serie de videos de carácter erótico mientras llevaba puesto el uniforme oficial de la fuerza policial. Los contenidos, catalogados por la plataforma como "hot", alcanzaron rápidamente varios miles de visualizaciones y generaron miles de comentarios.
El 19 de noviembre de 2025 la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía de la Ciudad comunicó la suspensión preventiva de la agente mientras se lleva a cabo una investigación interna. En el comunicado oficial se enfatiza que la conducta vulnera el código de ética y el reglamento interno de uniformes, que prohíben el uso del mismo para actividades que puedan menoscabar la imagen institucional.
El reglamento interno de la Policía de la Ciudad establece que los uniformes son símbolos de autoridad y deben ser utilizados exclusivamente para el ejercicio de funciones oficiales. Además, el código de conducta señala que los agentes deben preservar la dignidad del cuerpo policial frente a la opinión pública y evitar cualquier acción que pueda ser considerada como desprestigio institucional.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos en Argentina. Expertos en derecho y en comunicación digital señalan que, si bien la libertad de expresión está garantizada, los servidores públicos deben balancear este derecho con sus responsabilidades profesionales.
Por su parte, la comunidad policial ha expresado su rechazo a la difusión de contenidos que, a su juicio, "ensucian" la imagen de la institución. Al mismo tiempo, algunos sectores de la sociedad civil enfatizan la necesidad de actualizar los protocolos de uso de plataformas digitales, argumentando que la normativa actual no contempla suficientemente la realidad de la era digital.
La agente permanecerá suspendida mientras se concluye el proceso disciplinario. De resultar probada la falta, la legislación vigente contempla sanciones que van desde la amonestación escrita hasta la destitución definitiva del cargo.