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25/11/2025 09:04 • POLITICA • POLITICA
En 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó la integración del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al interior del Ministerio de Seguridad, una medida destinada a centralizar la política de seguridad y fortalecer el control sobre las prisiones.
Tras la reestructuración, el Registro Nacional de Derechos Humanos informó que el número de denuncias por violencia, tortura y malos tratos a internos alcanzó un nivel sin precedentes, superando los mil casos en 2024. Esta cifra duplica la cantidad registrada en el año anterior y marca un hito en la historia penitenciaria del país.
Las denuncias incluyen alegaciones de golpes, humillaciones, uso excesivo de la fuerza, aislamiento prolongado y privación de alimentos. Los organismos de derechos humanos destacan que estos hechos vulneran la Convención contra la tortura y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la integridad física y moral de toda persona.
El Ministerio de Seguridad ha anunciado la creación de una unidad de investigación interna para atender los cargos y ha señalado que se implementarán protocolos de supervisión más estrictos, incluyendo la instalación de cámaras en zonas críticas de los centros penitenciarios.
La medida de Bullrich generó una polarización en la opinión pública. Defensores de la política sostienen que la centralización permite una mejor coordinación contra el crimen organizado, mientras que organizaciones de derechos humanos exigen una revisión profunda del modelo carcelario y el respeto irrestricto a los derechos de los internos.
Expertos advierten que, sin una reforma estructural del sistema penitenciario y una capacitación adecuada del personal, es probable que las denuncias continúen en aumento. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, recordando la importancia de garantizar un trato digno dentro de los centros de detención.