El caso $LIBRA volvió a la palestra tras la creación de un fideicomiso liderado por su fundador, Hayden Davis, que buscaba desterrar la polémica y, al mismo tiempo, lanzar una iniciativa para emprendedores argentinos. La maniobra coincidió con una oleada de atención sobre el presidente Javier?Milei, cuyo nombre estuvo ligado a la criptoestafa que movió nueve millones de dólares a cuentas anónimas.

Antecedentes del escándalo $LIBRA

La plataforma de criptoactivos $LIBRA, ideada por el empresario estadounidense Hayden Davis, utilizó la denominación "Milei" para su billetera virtual, haciendo referencia al presidente argentino Javier?Milei. Según investigaciones del medio Página 12, la billetera movió aproximadamente US$9?millones a cuentas sin identificación, lo que desencadenó una serie de denuncias por lavado de dinero y fraude.

Acciones judiciales internacionales

Autoridades de Estados Unidos solicitaron una audiencia de urgencia con el fin de congelar las cuentas vinculadas al proyecto, alegando que los fondos fueron transferidos de manera ilícita. El pedido fue publicado por Clarín, que resaltó la presión judicial sobre Davis y sus socios.

El fideicomiso como respuesta

En noviembre de 2025, Hayden Davis anunció la creación de un fideicomiso destinado a canalizar recursos hacia emprendedores locales. La iniciativa, detallada por La Política Online, busca transformar los fondos obtenidos de la criptoestafa en capital de apoyo para pequeñas y medianas empresas argentinas, presentándose como una medida de reparación social.

Impacto político

La aparición del fideicomiso coincidió con un aumento de la visibilidad de Javier?Milei en los medios. Según La Nación, la maniobra de Davis “despegó” al presidente, alimentando debates sobre la relación entre la política y el sector fintech. Aunque Milei no está directamente implicado en la estafa, su nombre quedó asociado al caso, generando controversia en el ámbito político.

Reacciones y perspectivas

Los críticos consideran que el fideicomiso podría ser una estrategia para mitigar el daño reputacional, mientras que algunos sectores conservadores elogian la destinaría de recursos a la economía real. Por su parte, organizaciones de defensa del consumidor siguen vigilando el proceso judicial y exigen transparencia total sobre los movimientos de capital.