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28/11/2025 16:47 • POLITICA • POLITICA
Desde 2023 se investiga la denominada causa ANDIS, un supuesto esquema de coimas que habría permitido que empresas privadas pagaran sobornos a funcionarios para obtener beneficios en licitaciones y contratos vinculados a la Asociación Nacional de la Discapacidad (ANDIS). El caso ha sacado a la luz a varios empresarios y funcionarios de alto nivel, incluyendo a Eduardo Mastropietro, quien ha sido mencionado en varios medios como el hombre que logró eludir la incautación de su celular.
El 28 de noviembre de 2025 la defensa de uno de los empresarios investigados presentó una denuncia ante la justicia solicitando que se investigue la actuación de las autoridades aeroportuarias, concretamente por qué no se procedió a la incautación del teléfono móvil del implicado cuando este pasó por el control de Aeroparque Jorge Newbery. La denuncia señala una posible omisión o negligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del organismo de Migraciones, que deberían haber retenido el dispositivo como evidencia.
Varias publicaciones, entre ellas La Nación y La Prensa Digital, informaron que el magistrado Sebastián Casanello ordenó la incautación del celular y que el dispositivo no aparece en los registros oficiales. Según los reportes, el móvil fue supuestamente confiscado en el aeropuerto, pero hasta la fecha no se ha localizado, lo que plantea dudas sobre la cadena de custodia de la prueba.
El juez Casanello ha pedido que se investigue a los responsables de la unidad de Migraciones y a la PSA dentro del marco de la causa ANDIS, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades o intentos de encubrimiento. De confirmarse la falta de incautación, podrían aplicarse sanciones a los agentes involucrados y fortalecería la denuncia contra el empresario por obstrucción de la justicia.
El nuevo episodio subraya la complejidad de la causa ANDIS y la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Las autoridades judiciales continúan trabajando para recuperar el teléfono y esclarecer si su ausencia constituye una vulneración de los derechos procesales.