El Ejecutivo encabezado por Javier?Milei desestimó el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que alertaba sobre la sobrepoblación de presos en comisarías y el papel de las fuerzas de seguridad en las marchas, calificándolo de intromisión política.

Rechazo oficial del Gobierno

El presidente Javier?Milei y su equipo anunciaron que no aceptan el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). El documento, publicado a principios de noviembre de 2025, sostiene que el hacinamiento de reclusos en comisarías y la participación de fuerzas de seguridad en movilizaciones vulneran normas internacionales.

Qué señala el informe de la ONU

Entre los principales hallazgos destacan: detenciones arbitrarias en operativos policiales, condiciones de sobrepoblación que generan riesgos sanitarios y psicológicos, y la presunta coordinación de fuerzas armadas y policiales en la represión de protestas ciudadanas. La ONU también advierte sobre posibles casos de tortura y malos tratos, refiriéndose a la normativa contra la tortura adoptada por el Consejo de Derechos Humanos.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo sostuvo que el informe carece de objetividad y constituye una “interferencia en los asuntos internos”. Según el Ministerio de Seguridad, las comisarías no son cárceles permanentes y los operativos se realizan para garantizar el orden público, no para reprimir legítimas manifestaciones.

Contexto y definiciones

El hacinamiento se define como la ocupación de espacios carcelarios más allá de su capacidad nominal, lo que incrementa la transmisión de enfermedades y viola la dignidad humana. En el derecho internacional, la tortura está prohibida bajo cualquier circunstancia, y los Estados deben investigar y sancionar cualquier indicio.

Reacciones de la sociedad civil

Organizaciones de derechos humanos locales y la oposición política han condenado el rechazo, señalando que la falta de cooperación con la ONU dificulta la mejora del sistema penitenciario y la protección de derechos en manifestaciones públicas.