El 26 de noviembre de 2025 hondureños acudieron a las urnas y hoy, a tres días del voto, el recuento sigue siendo lento y polémico. Nasry Asfura y Salvador Nasralla, los dos candidatos más encumbrados, disputan cada voto mientras el Consejo Nacional Electoral afronta reclamos y presión internacional.

Contexto electoral

Honduras celebra elecciones presidenciales cada cuatro años y el último proceso se realizó el 26 de noviembre de 2025. Los principales contendientes fueron Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa con 67 años, y Salvador Nasralla, ex presentador de televisión y líder opositor de 72 años. Ambos encabezan coaliciones que prometen cambios radicales en la política y la economía del país.

Desarrollo del escrutinio

Tras el cierre de las mesas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el conteo de los sobres. Sin embargo, la logística y la alta demanda de observadores han ralentizado el proceso. A 1 de diciembre de 2025, el CNE aún no había publicado un resultado definitivo, manteniendo la incertidumbre sobre quién lidera la contienda.

Reclamos y tensiones

El candidato opositor Salvador Nasralla presentó un recurso ante el CNE alegando irregularidades en varias circunscripciones, especialmente en áreas rurales donde se registraron retrasos y falta de actas. Por su parte, Asfura denunció que la oposición busca desestabilizar el proceso mediante protestas y campañas mediáticas.

Reacción internacional

La comunidad de hondureños residentes en Estados Unidos, que siguen de cerca la elección, ha expresado preocupación por la falta de transparencia. Organizaciones de derechos humanos y observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han llamado a que el recuento sea expedito y bajo estrictas garantías de legalidad.

Implicancias para el futuro

El resultado de esta contienda determinará la dirección política de Honduras en los próximos años, con posibles repercusiones en la lucha contra la corrupción, la reforma fiscal y la relación con Estados Unidos en materia de migración. El lente está puesto en el CNE, que deberá concluir el escrutinio con credibilidad para evitar una crisis institucional.