Tras la sentencia por el femicidio de Cecilia?Strzyzowski, la justicia argentina decidió eliminar los beneficios penales que disfrutaba la ex?determinada Marcela?Acuña. La jueza Dolly?Fernández ordenó que la interna sea tratada como cualquier otro detenido, lo que genera un importante precedente sobre la igualdad de derechos en casos de violencia de género.

Fin de los "tratos especiales"

El 15 de junio de 2024 la Corte Suprema confirmó la condena de Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Como consecuencia, la jueza de la Cámara Federal Dolly Fernández dictó una resolución que dispone la extinción de todas las excepciones penitenciarias

Orden judicial de igualdad de trato

En una medida adicional, el Tribunal ordenó que Acuña sea tratada como cualquier otra detenida, sin distinción alguna. La decisión fue anunciada el 30 de noviembre de 2025 y se inscribe en la política de igualdad de derechos para quienes cometen graves delitos contra la vida, especialmente cuando se trata de violencia de género.

Reacción de la condenada

Durante la audiencia, Acuña declaró que el jurado la había percibido como "piqueteras" y no como personas con derechos. Asimismo, sostuvo que el caso está vinculado a problemas de salud mental de su hijo, aunque negó haber participado activamente en el homicidio.

Contexto legal

En Argentina, el femicidio está tipificado como un agravante del homicidio, con penas que oscilan entre 20 y 30 años de prisión. Las excepciones penales, como el “régimen de semilibertad” o la “salida a la vida familiar”, están reservadas para internos que cumplen ciertos requisitos de conducta y salud. La revocación de estos beneficios para Acuña marca un precedente importante en la aplicación de la normativa.

Impacto y trascendencia

Esta decisión reafirma el compromiso del sistema judicial con la igualdad de trato y envía un mensaje claro a la sociedad: la gravedad del delito de femicidio no admite privilegios especiales. Los defensores de derechos humanos han aplaudido la medida, considerándola un paso necesario para erradicar la impunidad en casos de violencia contra la mujer.