El diputado y exministro Luis Petri, de 50 años, entregó este miércoles 8 de diciembre de 2025 una carta de renuncia al presidente Javier?Milei, en medio de una investigación por la adquisición irregular y sobrevalorada de aviones militares que ha sacudido al Gobierno.

Renuncia formal mediante carta

En un gesto que quedó registrado en la prensa nacional, el diputado Luis?Petri presentó al presidente Javier?Milei una carta de renuncia al cargo de Ministro de Defensa. La entrega tuvo lugar el 8 de diciembre de 2025, día en que Petri confirmó su salida en una breve declaración ante los medios.

Contexto del escándalo de aviones

La decisión surge en medio de una investigación que destapó la compra de varios aviones militares a un precio inflado y con serios problemas de documentación. Según informes de la prensa, la operación presentaba un "sobrecosto" de varios cientos de millones de dólares y una "falta de papeles" que dificultó la fiscalización. La compra, anunciada inicialmente como parte de la modernización de la Fuerza Aérea, fue calificada por expertos como una de las mayores irregularidades en la historia reciente del Ministerio de Defensa.

Repercusiones políticas

El anuncio de la renuncia se produjo mientras el presidente Milei enfrentaba crecientes críticas por su manejo de la defensa y la transparencia gubernamental. La salida de Petri abre la puerta a una posible reestructuración del gabinete de seguridad nacional y a la designación de un nuevo ministro que logre recuperar la confianza del Congreso y la opinión pública.

Detalles de la carta

En la misiva, Petri agradeció la oportunidad de servir al país, pero manifestó que "no puede continuar bajo una sombra de duda" que afecta la credibilidad del Ministerio. También solicitó que se continúe con la investigación para esclarecer los hechos y evitar futuros escándalos.

¿Qué sigue?

El Gobierno aún no ha anunciado a su sucesor. Mientras tanto, las comisiones parlamentarias continuarán supervisando el caso de los aviones, y la Fiscalía está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra los funcionarios involucrados.