En la última semana, fuerzas de seguridad intensificaron la vigilancia alrededor de una opulenta quinta en Pilar que habría sido adjudicada a altos mandatarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho destapa una serie de denuncias que vinculan al dirigente Julio “Chiqui” Tapia con una red de autos de lujo y posibles operativos de lavado de dinero.

Contexto y origen de la controversia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es el organismo rector del fútbol en el país y sus autoridades han sido protagonistas de varios escándalos de corrupción en los últimos años. Julio "Chiqui" Tapia, presidente de la Comisión de Control de Gestión (CCG) de la AFA, es una de las figuras más mediáticas y controvertidas del ámbito deportivo.

Vigilancia policial en la quinta de Pilar

Según fuentes policiales, unidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires han establecido rondas permanentes alrededor de una quinta de lujo situada en Pilar, caracterizada por una arquitectura neoclásica, amplios jardines y una pista de aterrizaje para helicópteros. La medida se tomó después de que la propiedad fuera adjudicada a un “consorcio” encabezado por representantes de la AFA, según documentos judiciales.

Investigación judicial y designación de juez

El Juzgado Federal N°4 designó a la jueza María Eugenia Moyano para conducir la investigación sobre la procedencia y destino de la quinta. La causa incluye la posible relación con la empresa Petroterra S.A., vinculada a la esposa del exvicepresidente de la AFA, la cual posee una flota de 120 automóviles de alta gama y un helipuerto privado.

Denuncias de lavado de dinero

Denuncias presentadas por un monotributista que administra la flota de vehículos alegan que la adquisición masiva de autos y la instalación del helipuerto podrían formar parte de un esquema de lavado de dinero en el entorno de la AFA. Otro punto de la investigación es la posibilidad de que la propia Jueza Moyano deba decidir si se extiende la indagatoria a la persona de Tapia, lo que ha generado críticas de sectores opositores que exigen transparencia.

Repercusiones y expectativas

El caso ha generado un intenso debate mediático y político, con llamados a la fiscalización de los bienes de los dirigentes del fútbol. La vigilancia policial continuará mientras se determina la legalidad de la adjudicación y se esclarecen las supuestas irregularidades financieras vinculadas a la AFA.