En la octava audiencia del juicio por los Cuadernos de la Corrupción, el fiscal fiscaliza nuevamente la supuesta colusión entre funcionarios kirchneristas y constructoras viales. Se escucharon testimonios que detallan pagos multimillonarios y se debatió la posible reubicación del proceso a Comodoro Rivadavia, mientras la opinión pública sigue atenta.

Antecedentes del caso Cuadernos

Los "Cuadernos de la Corrupción" son una serie de libretas entregadas al periodista Jorge Lanata en 2018, donde se anotaban supuestos pagos de sobornos a funcionarios de la gestión kirchnerista a cambio de obras públicas. Entre los sectores más señalados están las empresas de obra vial, que habrían recibido contratos inflados a cambio de pagos bajo la mesa.

Desarrollo de las audiencias

Octava audiencia y la participación de Cristina Kirchner

La octava audiencia, celebrada en la Corte Suprema de la Nación, contó con la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner y de varios empresarios del rubro de la construcción. El fiscal Juan Santiago Rosa presentó nuevas pruebas que supuestamente vinculan a la ex presidenta con la llamada "Camarita", un espacio donde se habrían pactado los pagos.

Detalles de los supuestos pagos

Según los testimonios, los empresarios habrían entregado "pagos de varios millones de dólares" a través de transferencias y efectivo, utilizando empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales. Los jueces solicitaron que se aclare la procedencia de esos fondos y que se determine la responsabilidad penal de los involucrados.

Posible traslado del juicio a Comodoro Rivadavia

En una audiencia posterior, el tribunal evaluó la solicitud de trasladar las próximas sesiones a la ciudad de Comodoro Rivadavia, con el argumento de evitar presiones locales y garantizar la seguridad de los testigos. La decisión final está pendiente y se espera que sea comunicada en los próximos días.

Repercusiones políticas y sociales

El caso sigue generando un intenso debate en la sociedad argentina. Organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición lo citan como evidencia de la necesidad de reformas estructurales en la contratación pública. Por su parte, la defensa de los acusados insiste en que se trata de una persecución política.