En una sesión del Senado de Mendoza a principios de octubre de 2025, el senador Omar Cornejo, respaldado por votos peronistas, impulsó la aprobación del polémico proyecto minero San?Jorge. La medida desató protestas masivas en las calles, con reclamos por la protección del agua y la división del justicialismo.

Contexto del proyecto San?Jorge

San?Jorge es un megaproyecto de extracción de cobre y oro ubicado en la zona sur de la provincia de Mendoza. El proyecto, liderado por la empresa minera Minera Andes, promete una producción anual de más de 200.000 toneladas métricas de cobre, lo que representaría una importante fuente de divisas y empleo para la región.

La votación en el Senado

Durante una sesión plenaria del Senado de Mendoza, celebrada a principios de octubre de 2025, el senador Omar Cornejo junto a varios diputados peronistas, aprobó la normativa que permite la continuidad de la obra. El voto se produjo pese a la fuerte oposición de sectores sociales y ambientales.

Repudio popular y movilizaciones

Inmediatamente después de la aprobación, miles de manifestantes se congregaron frente a la Legislatura provincial, exigiendo la paralización del proyecto. Las protestas, organizadas por la coalición ambiental "Mendoza Sin Minas" y sindicatos locales, denunciaron el riesgo de contaminación de cuencas hídricas y la vulnerabilidad de comunidades rurales.

División del justicialismo

El seno del Partido Justicialista mostró una fractura interna: mientras una bancada apoyó la medida bajo el argumento de desarrollo económico, otra corriente, encabezada por líderes locales, se alineó con los movimientos sociales y solicitó la revisión de los estudios de impacto ambiental.

Preocupaciones por el agua

Los críticos subrayan que la extracción a gran escala demandará volúmenes de agua que pueden afectar los ríos Mendoza y Atuel, esenciales para la agricultura y el turismo. Organizaciones como la Fundación Agua Viva han solicitado una auditoría independiente.

Escenarios a futuro

Ante la presión ciudadana, el gobierno provincial anunció la creación de una comisión de seguimiento para evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto. Mientras tanto, los grupos opositores mantienen la marcha, prometiendo nuevas acciones de calle si la licitación avanza sin mayores garantías.