El tribunal federal revocó el arresto domiciliario de Pablo Atchabahian, el único detenido en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y ordenó su liberación en diciembre de 2025, generando amplio debate sobre la justicia y la lucha contra la corrupción en Argentina.

Antecedentes de la causa ANDIS

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido foco de una investigación judicial que apunta a una supuesta red de coimas para la adjudicación de obras y suministros destinados a personas con discapacidad. La causa, iniciada en 2023, incluye a varios funcionarios y privados que habrían recibido pagos irregulares a cambio de contratos.

Pablo Atchabahian y su detención

Pablo Atchabahian, médico y consultor en temas de salud pública, fue detenido a principios de 2024 bajo sospecha de haber participado en el esquema de pagos ilícitos. Tras la detención, el juez le impuso arresto domiciliario, medida que limitaba sus movimientos pero le permitía cumplir con sus actividades profesionales desde su residencia.

Decisión del tribunal y liberación

En diciembre de 2025, la Cámara Federal revocó el arresto domiciliario de Atchabahian, argumentando la falta de pruebas contundentes que justifiquen la medida restrictiva. El fallo ordenó su inmediata liberación, recordando que la carga de la prueba recae en la Fiscalía y que la presunción de inocencia es fundamental en el proceso penal.

Reacciones y contexto político

La decisión ha polarizado a la opinión pública y a los distintos sectores políticos. Por un lado, defensores de la lucha contra la corrupción consideran que el caso ANDIS sigue abierto y que la liberación no implica culpabilidad. Por otro, organizaciones de derechos civiles y algunos grupos de la sociedad civil aplauden la defensa del principio de presunción de inocencia y advierten contra la judicialización preventiva.

Próximos pasos de la investigación

La Fiscalía continuará con la investigación y podrá solicitar nuevas medidas cautelares si se presentan nuevas pruebas. Mientras tanto, se mantiene la expectativa de que se esclarezcan los roles de los demás imputados y se fortalezca la transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la comunidad de personas con discapacidad.

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