La Dirección General Impositiva (DGI) y organismos como ARCA y el Gobierno nacional presentaron denuncias contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta retención de más de 7.000 millones de pesos en tributos y aportes previsionales, generando un fuerte revuelo político y social.

Antecedentes

La AFA, organismo rector del fútbol argentino, se encuentra bajo la lupa de distintas autoridades tras sospechas de manejo irregular de fondos públicos y privados. La apropiación indebida de tributos implica que la entidad habría cobrado o retenido impuestos sin la debida autorización o sin transferirlos al fisco.

Denuncia de la DGI

El 30 de noviembre de 2025 la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia formal contra la AFA, alegando la existencia de un esquema que habría desviado recursos tributarios que correspondían al Estado. Según la DGI, la AFA habría retenido y no ingresado al Tesoro Nacional suma que supera los 7.000.000.000 de pesos.

Denuncias de ARCA y del Gobierno

En la misma semana, la Asociación de Radiodifusores (ARCA) y el propio Gobierno nacional sumaron sus acusaciones. ARCA señaló que la AFA, bajo la conducción de Luis?Gonzalo Tapia, habría incurrido en “apropiación indebida de tributos”, mientras que el Ministerio de Trabajo confirmó la retención de aportes previsionales e impositivos por la misma cifra de miles de millones de pesos.

Reacciones y análisis

Figuras del ámbito deportivo y político reaccionaron de forma enérgica. El empresario Javier Angelini calificó al fútbol argentino de “una de las mafias más impunes del país”. Por su parte, el analista financiero Tato Young describió la situación como “un escándalo que pone en jaque la credibilidad de la AFA y la gestión de los recursos públicos”.

Implicancias

Si se confirman las denuncias, la AFA podría enfrentar sanciones económicas, auditorías forzosas y la posible inhabilitación de sus funcionarios. Además, el caso abre la puerta a debates sobre la transparencia en la administración del deporte más popular del país y la necesidad de reforzar los mecanismos de control fiscal sobre las instituciones deportivas.