El Ejecutivo nacional remitió al Congreso un ambicioso proyecto de reforma que alteraría la Ley de Protección de los Glaciares, con el objetivo de equilibrar la conservación del recurso hídrico y las demandas del sector minero. La iniciativa, que será analizada en mesas técnicas y comisiones legislativas, genera expectativas y polémicas entre ecologistas, empresas y legisladores.

Antecedentes y objetivo de la reforma

En 2025 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar la normativa que protege los glaciares argentinos. La medida busca reconciliar la preservación del agua de los glaciares con actividades mineras en zonas estratégicas, a fin de impulsar el desarrollo económico sin comprometer los recursos hídricos.

¿Qué regula la Ley de Glaciares actualmente?

La Ley N.º 26.994, sancionada en 2012, establece que los glaciares son bienes de dominio público y define un área de reserva de 10 kilómetros alrededor de cada masa de hielo donde está prohibida cualquier actividad que pueda alterarlos. Además, la normativa otorga a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Ambiente la competencia para declarar nuevas áreas protegidas.

Principales cambios propuestos

• Reducción de la zona de reserva alrededor de ciertos glaciares considerados de menor relevancia hídrica, pasando de 10 km a 5 km en algunos casos.
• Creación de un régimen de autorización especial para proyectos mineros que demuestren que su impacto será mitigado mediante tecnologías de bajo consumo de agua.
• Incorporación de criterios de evaluación ambiental más flexibles que consideren la generación de empleo y la contribución al PBI regional.
• Fortalecimiento del fondo de compensación destinado a financiar planes de recuperación de cuencas afectadas.

Motivaciones del Ejecutivo

Según el Ministerio de Economía, la reforma permitiría abrir nuevas áreas para la extracción de litio y cobre, sectores clave para la exportación y la transición energética. El Gobierno argumenta que la actual restricción de 10 km limita inversiones que podrían generar cientos de empleos directos y miles indirectos.

Reacciones y controversia

Ecologistas y la comunidad científica advierten que la reducción de las zonas de reserva podría acelerar la pérdida de masas de hielo y afectar la disponibilidad de agua para la agricultura y el turismo. Por su parte, la Confederación de la Industria Minera aplaude la iniciativa, señalando que "la flexibilización normativa es esencial para la competitividad del país".

Próximos pasos legislativos

El proyecto será remitido a la Comisión de Obras Públicas y a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, donde se abrirán mesas técnicas y audiencias públicas. Se espera que la discusión se prolongue durante el próximo semestre, con la posibilidad de una votación en sesión extraordinaria antes de fin de año.

Impacto esperado

Si la reforma es aprobada, se estima que entre 150 y 200 millones de dólares de inversión podrían entrar en la Patagonia y la Puna, generando alrededor de 5.000 empleos directos. No obstante, los críticos señalan el riesgo de reducir la capacidad de los glaciares para abastecer ríos y lagos, afectando a millones de habitantes.