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18/12/2025 12:40 • POLITICA • POLITICA
En el marco de la reforma laboral presentada a principios de diciembre de 2025, el gobierno de Javier?Milei incluyó un conjunto de disposiciones que buscan recortar de manera significativa los fondos públicos asignados al sector cultural y a la industria de los medios. La medida, descrita por analistas como un "desfinanciamiento quirúrgico", consiste en eliminar o reducir al mínimo los presupuestos de la Subsecretaría de Cultura y de la Comisión Nacional de Medios, organismos que tradicionalmente canalizan recursos a proyectos artísticos, cinematográficos y a la prensa independiente.
El término hace referencia a recortes extremadamente focalizados: se trata de retirar los recursos nativos de la política cultural y de comunicación sin afectar otras áreas del gasto público. Según el texto de la reforma, se suprimen las líneas de financiación que permiten la producción de contenidos locales, la difusión de obras de arte y la mantenencia de espacios de información plural.
Las asociaciones de artistas, sindicatos de trabajadores culturales y la Federación de Periodistas Argentinos (FOPEA) reaccionaron de inmediato. FOPEA alertó que, junto al desfinanciamiento, el gobierno impulsa la derogación del Estatuto del Periodista, normativa que garantiza derechos laborales y de protección a los comunicadores. Organizaciones como Letra?P y Otros?Cines describieron la medida como una "nueva y brutal amenaza al sector audiovisual nacional" y criticaron la falta de consultas previas.
Esta decisión se inserta en la agenda de Milei de reducir el tamaño del Estado y reenfocar el gasto público hacia lo que él denomina "actividades productivas". Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente ha impulsado una serie de reformas orientadas a la liberalización del mercado laboral, la eliminación de subsidios y una política fiscal austera. La reforma laboral de 2025, con estos recortes, constituye uno de los pasos más controversiales en la agenda de ajuste.
Los críticos advierten que el recorte de recursos podría provocar la paralización de numerosos proyectos culturales, la pérdida de empleo en el sector creativo y una mayor concentración de los medios de comunicación bajo modelos privados o estatales reducidos. Por su parte, el gobierno sostiene que la medida permitirá un "equilibrio fiscal" y fomentará la inversión privada en la producción de contenidos.