La Justicia de San Isidro dictó una medida cautelar que impide a José Luis?Espert y a sus familiares disponer de sus activos durante 90?días, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que sacude el panorama político y económico argentino.

Orden judicial que paraliza los activos de Espert

Un despacho del juzgado de San?Isidro, en la provincia de Buenos?Aires, resolvió congelar la totalidad de los bienes de José Luis?Espert –economista, ex?diputado y figura pública del liberalismo– y de los miembros de su núcleo familiar. La medida cautelar, válida por 90?días, impide que los afectados puedan vender, transferir o disponer libremente de sus bienes.

Alcance de la congelación

Según la resolución, la restricción abarca cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, acciones y cualquier otro activo financiero que figure a nombre de Espert, su esposa y sus hijos. La decisión se produjo tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal, que actúa como parte denunciante en la causa por presunto lavado de dinero.

Contexto de la investigación

La causa judicial se sustenta en denuncias que apuntan a la posible utilización de fondos de origen ilícito para la financiación de actividades políticas y empresariales. El delito de lavado de dinero, tipificado en el Código Penal argentino, consiste en “ocultar o encubrir el origen de bienes provenientes de un delito”.

Repercusiones políticas y económicas

Espert, conocido por su discurso liberal y su candidatura a cargos de expresión nacional, ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “persecución política”. La medida cautelar, sin embargo, ha generado un intenso debate en los medios y entre los legisladores, que señalan la necesidad de preservar la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos políticos.

Próximos pasos

El calendario procesal indica que la parte investigada podrá presentar sus descargos y solicitar la revocación o modificación de la medida antes de que finalice el plazo de 90?días. Mientras tanto, el tribunal supervisará que los bienes permanezcan inalterados.

Esta decisión constituye una de las iniciativas judiciales más relevantes del año en el ámbito de la lucha contra la corrupción financiera en Argentina.