En un contexto de creciente fricción con la Casa Rosada, los gobernadores provinciales avanzan con su propia agenda para asegurar recursos financieros. Reunidos en el CFI, plantean eliminar fondos fiduciarios y redistribuirlos, mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en mantener el superávit fiscal como prioridad. ¿Se profundiza el conflicto o habrá espacio para el diálogo?
Una agenda propia en busca de recursos
En un escenario de tensiones económicas y políticas, los gobernadores provinciales han decidido tomar las riendas de su destino financiero. Durante un reciente encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), celebrado el pasado miércoles 18 de junio de 2025, figuras como Claudio Poggi de San Luis participaron activamente en discusiones para encontrar alternativas a la falta de fondos provenientes de la Nación. La reunión, que congregó a representantes de diversas provincias, tuvo como eje central la búsqueda de mecanismos para paliar la escasez de recursos en un contexto de ajuste nacional.
La propuesta más resonante fue la eliminación de los fondos fiduciarios, un esquema que, según los mandatarios, concentra recursos de manera desigual y podría ser redistribuido directamente a las provincias. Esta iniciativa refleja un claro intento de autonomía frente a las políticas centralizadas del Ejecutivo, liderado por Javier Milei, quien ha hecho del equilibrio fiscal su bandera principal desde que asumió el poder.
El enfrentamiento por los fondos y el superávit fiscal
La relación entre el Gobierno nacional y las provincias no atraviesa su mejor momento. Mientras los gobernadores reclaman una mayor porción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acusan al Ejecutivo de retener recursos que les corresponden, desde la Casa Rosada se mantiene una postura inflexible. El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó contundentemente que el presidente vetará cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal, un logro que el oficialismo considera clave para la estabilidad económica del país.
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre de 2025 fue del 0.2% del PBI, un hito que el Gobierno no está dispuesto a comprometer. Sin embargo, las provincias argumentan que este ajuste ha recortado drásticamente los fondos coparticipables y transferencias discrecionales, afectando la capacidad de gestión en áreas clave como salud, educación e infraestructura.
Un contexto económico desafiante
La disputa por los fondos no puede entenderse sin considerar el panorama económico general de Argentina en 2025. Con una inflación interanual que, según el INDEC, alcanzó el 45% en mayo de 2025, y un dólar blue que oscila en torno a los $1.400, las provincias enfrentan una presión creciente para financiar sus presupuestos. A esto se suma la caída de la actividad económica, con una contracción del PBI estimada en 2.5% para el primer semestre, lo que reduce la recaudación tributaria local.
En este marco, la estrategia de los gobernadores apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento, incluyendo la búsqueda de acuerdos con organismos internacionales y la emisión de deuda en mercados locales, siempre dentro de los márgenes que permitan sus economías regionales.
Datos clave de la situación fiscal
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Superávit fiscal (Q1 2025) | 0.2% del PBI | Ministerio de Economía |
| Inflación interanual (mayo 2025) | 45% | INDEC |
| Contracción del PBI (H1 2025) | 2.5% | Estimación oficial |
¿Hacia un conflicto mayor o una solución negociada?
El futuro de esta puja entre el Gobierno nacional y las provincias permanece incierto. Por un lado, el Ejecutivo de Milei, respaldado por La Libertad Avanza, defiende un modelo de austeridad que prioriza la reducción del gasto público y la estabilidad macroeconómica. Por otro, los gobernadores insisten en que sin fondos suficientes no pueden garantizar servicios básicos ni reactivar sus economías locales.
Analistas coinciden en que un diálogo constructivo será esencial para evitar una escalada de tensiones que podría derivar en conflictos institucionales. Mientras tanto, el país observa cómo se desarrolla este tira y afloje, con la esperanza de que prime el interés común por sobre las diferencias políticas.
