Universidades públicas en pie de guerra: marcha y paro por financiamiento

Este jueves, las universidades públicas de Argentina se movilizarán en todo el país reclamando la aprobación de una ley de financiamiento. Docentes anunciaron un paro de 48 horas, mientras legisladores de Córdoba respaldan el proyecto. En un contexto de ajustes presupuestarios, la tensión entre el sector educativo y el gobierno de Javier Milei crece.

Una marcha nacional por el futuro de la educación pública

Este jueves, las universidades públicas de todo el país se preparan para una jornada de protesta masiva en defensa de su financiamiento. La movilización, conocida como la Marcha Federal Universitaria, busca presionar por la aprobación de una ley que garantice recursos adecuados para el sector. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto universitario ha sufrido una reducción real del 30% en los últimos años si se ajusta por inflación, lo que afecta salarios, infraestructura y becas estudiantiles.

El reclamo no es nuevo. Durante 2023 y 2024, las universidades han enfrentado serias dificultades para operar, con retrasos en el pago de salarios y falta de fondos para mantenimiento. En este contexto, la marcha busca visibilizar la crisis y exigir al Congreso una solución legislativa que priorice la educación como motor de desarrollo.

Paro docente de 48 horas: un mensaje claro

Como parte de la protesta, los sindicatos docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas que comenzará el mismo jueves. Federaciones como CONADU y CONADU Histórica argumentan que los salarios de los profesores han perdido poder adquisitivo en un contexto de inflación galopante, que según el INDEC alcanzó el 211,4% interanual en diciembre de 2023. Este ajuste, sumado a la falta de partidas presupuestarias, ha generado un malestar generalizado en el sector.

La medida de fuerza afectará a miles de estudiantes, ya que las clases serán suspendidas en la mayoría de las casas de estudio. Sin embargo, los gremios aseguran que esta es la única forma de hacer escuchar sus demandas frente a un gobierno que, bajo la gestión de Javier Milei, ha priorizado la reducción del gasto público como eje de su política económica.

Apoyo legislativo desde Córdoba y tensiones políticas

Un dato relevante es el respaldo de diputados cordobeses al proyecto de ley de financiamiento universitario. Representantes de la provincia, una de las más importantes en términos académicos por albergar a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), han manifestado su apoyo en el Congreso. La UNC, fundada en 1613, es una de las instituciones más antiguas de América Latina y un símbolo de la educación pública en Argentina.

Sin embargo, este apoyo legislativo choca con la visión del Ejecutivo, que ha cuestionado el gasto en educación pública como parte de su estrategia de ajuste fiscal. Este enfrentamiento refleja una grieta más profunda entre quienes defienden el rol del Estado en la educación y quienes abogan por una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, promoviendo alternativas como la inversión privada o la revisión de prioridades presupuestarias.

Impacto y perspectivas de la crisis universitaria

La crisis del financiamiento universitario no solo afecta a docentes y estudiantes, sino también a la calidad de la educación superior en Argentina. Según un informe de la UNESCO, el país históricamente ha sido un referente en educación pública gratuita, pero los recortes presupuestarios podrían comprometer este logro. En 2022, más de 2 millones de estudiantes estaban inscriptos en universidades públicas, un número que podría disminuir si las condiciones no mejoran.

El gobierno de Milei, alineado con una visión libertaria, ha insistido en la necesidad de auditar el gasto público, incluyendo el educativo, para eliminar ineficiencias. Aunque no se han anunciado recortes específicos para 2025, la incertidumbre persiste. Mientras tanto, la comunidad universitaria sigue en pie de lucha, con la esperanza de que el Congreso apruebe una ley que asegure su sostenibilidad.