El Gobierno decidió revocar el asueto por el Día del Empleado Público, generando una fuerte controversia. La medida, que buscaba mejorar la eficiencia administrativa, enfrenta oposición judicial y sindical, acusando al gobierno de atacar derechos laborales. La apelación gubernamental se enfrenta a fuertes críticas por parte de la oposición y analistas económicos.
El Gobierno apelará la decisión judicial
El Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que suspendió la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público, establecido el 27 de junio. Esta decisión, anunciada el 27 de junio de 2025, ha generado un intenso debate político y social. El Ejecutivo argumenta que la eliminación del asueto busca mejorar la eficiencia administrativa y reducir costos operativos.
Críticas a la decisión gubernamental
La medida ha sido duramente criticada por la oposición y sindicatos, quienes la consideran un ataque a los derechos laborales de los empleados públicos. ATE, por ejemplo, obtuvo un triunfo judicial al suspender el decreto que pretendía eliminar el feriado. Algunos analistas económicos, con un enfoque promercado, cuestionan la eficiencia de la medida, argumentando que la pérdida de productividad sería mínima comparada con los costos políticos y sociales de la medida.
Contexto económico y político
La decisión se enmarca dentro de un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de eficiencia en el gasto público. Sin embargo, la oposición la interpreta como una medida antilaboral y antiperonista, dada la fuerte presencia de los sindicatos en el sector público. La jueza que falló en contra del gobierno ha sido tildada de “militante e incompetente” por algunos sectores. Esta controversia expone las tensiones entre el gobierno y los sindicatos, y las tensiones entre los poderes del Estado.
El futuro del asueto
El futuro del asueto para el Día del Empleado Público permanece incierto mientras se espera la resolución de la apelación. La controversia resalta la importancia de un equilibrio entre las necesidades de eficiencia administrativa y los derechos laborales de los empleados públicos. El debate continuará en los próximos días, con la expectativa de una decisión judicial que defina el destino del feriado.
