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Rosario registra 26 muertes por fentanilo contaminado

El 13 de agosto Rosario registró la trágica cifra de 26 fallecidos tras la ingestión de fentanilo contaminado, un riesgo que ha conmocionado a la comunidad local. En respuesta, los familiares se reunieron con la interventora Javkin, dispuestos a exigir transparencia. La campaña de concienciación se intensifica, recordando la urgencia de controles sanitarios.

El 13 de agosto Rosario lamentó la pérdida de 26 personas tras la ingestión de fentanilo contaminado, elevando el número de víctimas a nivel nacional a 96 fallecidos, según cifras oficiales. La crisis sanitaria ha llevado a una reunión entre familiares y la interventora municipal, Javkin, que se celebró frente al ayuntamiento.

Durante la sesión, los familiares exponen que los productos de origen farmacéutico fueron descubiertos en varias farmacias locales, provocando un debate sobre la necesidad de reforzar los controles de calidad y la trazabilidad de los fármacos.

La interventora Javkin aseguró que se están revisando protocolos de importación y que las autoridades sanitarias están acostumbradas a la colaboración con la policía y el Ministerio de Salud. Además, se prometió una auditoría completa de los proveedores que entregan fármacos a las farmacias.

El Congreso Nacional, por su parte, acude a la situación con la propuesta de una ley que obligue a las farmacias a presentar informes mensuales sobre la procedencia de cada lote de fármacos. Esta medida, sin embargo, enfrenta resistencia de algunos sectores farmacéuticos.

En el ámbito internacional, la OMS alerta sobre un incremento del consumo de opioides y la aparición de variaciones contaminadas que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Argentina, con su 96 mortalidad hasta la fecha, se encuentra entre los países más afectados.

Para concluir, las familias de los fallecidos han iniciado una petición en la cual solicitan no solo una investigación exhaustiva, sino también la reconsideración de los procedimientos de registro de medicamentos y la imposición de sanciones penales a quienes propicien la distribución de fármacos adulterados.

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