El proyecto que autoriza la eutanasia en Uruguay ha logrado paso decisivo al ser aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2025, marcando al país como pionero en América Latina. La ley contempla condiciones y garantías estrictas, y busca evitar el turismo eutanásico. El debate político, social y ético continúa, mientras se avanza a la sanción presidencial.
Contexto del proyecto
Durante años los parlamentarios, médicos y defensores de los derechos humanos han abogado por la creación de una legislación que otorgue la autonomía al paciente en los momentos finales de vida. El marco normativo propuesto pretende regular la ley de asistencia al suicidio voluntario, definió el diputado Francisco Muñoz durante la sesión plenaria.
Condiciones y garantías
La propuesta contempla que la eutanasia solo sea viable cuando el individuo padezca una condición terminal con dolor incontrolable o un sufrimiento psicológico extremo que impida la recuperación de la calidad de vida. Se requiere la documentación de dos médicos especializados y la evaluación de un comité científico que evalúe la necesidad y la voluntariedad del paciente.
Restricciones para evitar el turismo eutanásico
Para impedir la formación de un “turismo eutanásico” el proyecto establece que la solicitud debe ser realizada por ciudadanos con al menos dos años de residencia continua en el territorio uruguayo. Además, la práctica solo podrá desarrollarse en hospitales y clínicas autorizadas que cuenten con los recursos de atención paliativa necesarios.
Respuesta política y social
Cuando el proyecto obtuvo el 13 de agosto de 2025 de la Cámara de Diputados, la mayoría votó a favor de la reforma, mientras que la oposición, en su mayoría por motivos éticos y religiosos, mostró reservas. En la actualidad, los senadores siguen discutiendo los mecanismos de implementación y los recursos presupuestarios que el Congreso asignará para la creación de los comités de seguimiento.
Próximos pasos
La próxima etapa consiste en la ratificación de la propuesta por parte del presidente, quien deberá firmar la ley en los próximos dos meses. Al ser sancionada, el Gobierno deberá establecer un sistema de registro y supervisión que garantice la transparencia y la accesibilidad a los servicios paliativos en todo el país.