El juez federal estadounidense que conocía el caso de la nacionalización de YPF otorgó a Argentina una victoria que suspendió la entrega de las acciones de la petrolera. La decisión, tomada el 14 de agosto de 2024, evita que se obligue a entregar activos y abre la puerta a la apelación total. El país avanza en su estrategia de recuperar fondos.
El 14 de agosto de 2024, el Tribunal Federal de EE.UU. en el Distrito del Sur de Nueva York falló a favor de Argentina en el caso de YPF que había sido presentado por los accionistas que buscaban recuperar las participaciones de la empresa petrolera tras la expropiación argentina de 2012. Con esta sentencia, la corte suspende la entrega de las acciones de YPF al inversor extranjero y mantiene intactos los activos de la petrolera.
El fallo permite al Estado argentino apelar sin tener que entregar a la corte las acciones que le pertenecen y sin que se pierdan ingresos asociados a la compañía. La decisión se produce en el contexto de una controversia internacional que involucra a la empresa estatal YPF, ahora mayoritaria propiedad del Ministerio de Energía, y a las compañías petroleras de Brasil y otras naciones que poseen participaciones de minoría en la petrolera.
La expropiación de 2012 fue impulsada por la reforma de la legislación energética argentina y la nacionalización del 30 % de YPF que estaba en manos de la empresa brasileña Petrobras, con el objetivo de recuperar ingresos y controlar el sector energético del país. Desde entonces, la disputa ha sido litigada en varios tribunales con el objetivo de recuperar la participación y los rendimientos de los inversores internacionales.
El juez federal concluyó que la acción de Argentina no violó los tratados de inversión y que la expropiación estuvo respaldada por una justificación económica y social. Además, se determinó que la compañía debe cumplir las obligaciones contractuales sin que se requiera la entrega inmediata de las acciones a los demandantes. La sentencia deja a Argentina con el derecho de solicitar una revisión de la decisión en la apelación de EE.UU., lo que le brinda una oportunidad para afirmar su posición y proteger el patrimonio energético del país.