En la última sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno de Milei mostró total confianza en una serie de medidas dirigidas a mejorar la atención y derechos de las personas con discapacidad, mientras la oposición exige más transparencia y rechaza sus peticiones de veto. El debate se desenvuelve en el marco de la aprobación de nuevas políticas públicas.
Contexto del debate
El 19 de agosto de 2025 se celebró una sesión decisiva en la Cámara de Diputados, en la que el Ejecutivo presentó una serie de propuestas orientadas al sector de discapacidad. El objetivo es ampliar el acceso a servicios de rehabilitación, promover la incorporación laboral y fortalecer la protección legal de las personas con necesidades especiales.
Propuestas del Gobierno
- Creación de un fondo nacional de asistencia y rehabilitación para personas con discapacidad.
- Ampliación de programas de inclusión laboral con incentivos a empresas que contraten a personas con discapacidad.
- Refuerzo de la ley de accesibilidad, obligando a nuevas construcciones a cumplir normativas internacionales de accesibilidad universal.
Condiciones y la postura del Ejecutivo
El Gobierno indicó que la implementación de las nuevas medidas dependerá de la ratificación de las pautas de veto de Milei por parte de los legisladores. En caso de que la Cámara no apruebe estos vetos, se contempla adelantar un proyecto que consolide los avances en beneficio de la comunidad con discapacidad.
Respuesta de la oposición
Los partidos de oposición insistieron en que deben rechazar los vetos de Milei, exigen una revisión más crítica de los proyectos de los gobernadores, y mantienen su seguimiento a la investigación sobre el escándalo del Libragate. La postura de la oposición subraya la necesidad de mayor transparencia y la obligación de atender la realidad de las personas con discapacidad.
Perspectivas a futuro
En los próximos días, los legisladores seguirán debatiendo las propuestas y las demandas opuestas. El Gobierno espera consolidar un acuerdo que beneficie a las personas con discapacidad y al mismo tiempo responda a las exigencias de transparencia y control que la oposición plantea.