En una inesperada demostración de voluntad legislativa, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad con un contundente 7‑0, dejando a Milei en la posición de perder otro golpe político. La ley, que asigna 6 500 000 000 pesos para subvencionar más de 600 000 beneficiarios, ya había sido anulada por la Corte Suprema tras el veto presidencial.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobado por el Congreso el 27‑jul‑2023 con un presupuesto de 6 500 000 000 pesos, contempla subvencionar dispositivos y brindar asistencia y rehabilitación a 600 000 personas en situación de discapacidad.
El mismo día 29‑jul‑2023 el presidente Javier Milei votó con un veto presidencial, intentando detener la aprobación. El veto fue declarado inconstitucional y anulador por la Corte Suprema el 25‑aug‑2023, permitiendo que la ley volviera a competir en la agenda legislativa.
El 19‑ago‑2025 el Congreso convocó una sesión en la Cámara de Diputados para discutir la implementación de asistencia y rehabilitación, reforzando la urgencia del asunto.
Sin embargo, el 22‑ago‑2025 el Senado se reunió con un quórum suficiente para votar la ley sin ninguna oposición: **7 votos a favor, 0 votos en contra**. Se trata de la segunda “goleada” de Milei en el Congreso tras el veto de la Ley universitaria y la propuesta de financiamiento a las universidades y el Garrahan.
El resultado no solo confirma la firmeza del sector legislativo en asegurar la atención sanitaria a las personas con discapacidad, sino que también muestra la frágil posición del presidente frente a la voluntad de los legisladores.
El Gobierno deberá firmar la ley y arrancar su ejecución en agosto de 2025, siguiendo el mandato de la Corte Suprema y la decisión del Senado.
La aprobación también abre la puerta a posteriores revisiones de regulaciones y a la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios en la próxima reforma de la legislación de atención social.