El senador Juan Manuel Losada señaló que su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el 20 agosto 2025, fue motivado por la necesidad de respetar la autonomía académica y la calidad de la educación superior, aunque fue considerado incómodo en el seno de la cámara.
El 20 agosto 2025 el Senado ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, que destina cientos de millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas con el objetivo de modernizar la infraestructura, remunerar a profesores y ampliar becas para estudiantes, todo dentro de un marco de mejora de la calidad académica. La iniciativa fue defendida con entusiasmo por los gobiernos federal y provincial, y firmó la mayoría del Senado con 52 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Juan Manuel Losada, senador de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los 10 legisladores que se mostraron en desacuerdo, calificándose su postura como fue incómodo, pero a conciencia. Losada afirmó que, a pesar de la presión política, la decisión estaba basada en la sostenibilidad a largo plazo del sistema universitario y la necesidad de evitar deterioros en la calidad docente. El rechazo se articuló sobre la base de que el financiamiento entregado se limita al cumplimiento de ciertos criterios que podrían restringir la autonomía currícular y la innovación académica. La ley de financiamiento universitaria se inserta en la política de desarrollo educativo del presidente, mientras que el gobernador de la provincia dio su aprobación con la finalidad de impulsar la región. Paralelamente, el presidente Javier Milei el 8 agosto 2025 criticó la reforma salarial de los senadores, calificándola de escupiendo en la cara de los argentinos y expresó su descontento con el aumento de los salarios brutos a 10,2 millones de pesos anuales. El contexto político muestra un equilibrio delicado entre la búsqueda de mejoras en los salarios de los legisladores y la necesidad de preservar los recursos públicos para el financiamiento de la educación. Se espera que la nueva normativa permita una distribución más equitativa de los recursos, aunque la oposición indica la urgencia de establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. El próximo día 27 de octubre 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas con 257 diputados y una renovación parcial de senadores, lo que pondrá a prueba el apoyo institucional a la ley.