En la madrugada del 25 de agosto, las autoridades ecuatorianas interceptaron un cargamento de explosivos destinado a grupos armados colombianos, deteniendo a dos sospechosos y evitando una potencial ola de terror en la frontera. La acción reforzará la cooperación transfronteriza contra la violencia.
La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional e Inspectores de Aduanas, se efectuó en un depósito ubicado en el cantón de San Lorenzo, a solo treinta kilómetros del paso fronterizo con Colombia. Se incautó una serie de recipientes sellados que contenían una carga de explosivos de uso militar, lista para ser transportada a la región de Antioquia.
Según declaraciones de la Ministra de Seguridad, la amenaza se confirmó gracias a una red de inteligencia que monitorea el flujo de materiales explosivos entre ambos países. La operación no solo bloqueó la entrada de materiales peligrosos, sino que también permitió la detención de dos personas involucradas en la logística del contrabando.
Los arrestados, identificados como Luis Alberto Gómez y María del Carmen Ruiz, fueron citados a las instalaciones judiciales de Quito para enfrentarse a cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo y tráfico ilícito de explosivos. Ambos cuentan con antecedentes penales en delitos de fraude y tráfico de drogas.
Este incidente sigue a una serie de operativos previos en los que Ecuador interceptó pequeñas cantidades de material explosivo en 2024 y 2022, lo que ha puesto de relieve la importancia de la vigilancia aduanera y la colaboración con la Policía Internacional.
El Gobierno ecuatoriano ha declarado que seguirá invirtiendo en capacidad de control a la frontera y cooperará estrechamente con las autoridades colombianas para evitar la radicalización de grupos armados.
Aunque todavía no se ha revelado la cantidad exacta de explosivos incautados, el Ministerio de Defensa aseguró que se trataba de varios cilindros potencialmente peligrosos, cuyo uso habría provocado un daño irreversible en comunidades cercanas a la frontera.
La acción ha fortalecido la percepción de seguridad en la región y ha reafirmado el compromiso internacional con la lucha contra la violencia en las zonas conflictivas de Sudamérica.