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Coimas en ANDIS y la imposibilidad de acceder al teléfono de Emmanuel Kovalivker

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, enfrenta una crisis tras la difusión de audios que revelan pagos indebidos a funcionarios y laboratorios clínicos. Los eventos culminan con el retiro del director el 21 de agosto de 2025 y una serie de decisiones políticas que alteran el rumbo de la asistencia social.

Coimas en ANDIS

Los audios de origen israelí, publicados el 12 de agosto de 2025, mostraron pagos indebidos a funcionarios de ANDIS por parte de la empresa Cellebrite. El director, Diego Spagnuolo, se vio involucrado en transacciones con laboratorios clínicos que la agencia gestiona.

Propuesta de asistencia a la discapacidad

El 19 de agosto de 2025 se presentó la propuesta “Asistencia a la Discapacidad”, que buscaba incrementar los beneficios del programa con un presupuesto de 6.5 mil millones de pesos, cubriendo a 600.000 beneficiarios.

Decisiones políticas y judiciales

El 20 de agosto de 2025 el presidente Javier Milei emitió un veto al proyecto, pero el Congreso Nacional lo rechazó el mismo día. La Corte Suprema anuló el veto el 25 de agosto de 2025, restableciendo el cumplimiento de la ley.

Desvinculación de Spagnuolo

El 21 de agosto de 2025 Diego Spagnuolo renunció a su cargo tras las revelaciones de los audios, cuando se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de su persona.

Repercusiones en Nordelta

Los allanamientos en Nordelta, la requisión de administraciones de barrios privados y el levantamiento del secreto bancario muestran la magnitud de la investigación. Se investigó la relación de Spagnuolo con las comunidades privadas.

Implicaciones tecnológicas y legales

El caso de los audios involucró a la empresa israelí Cellebrite, que confirmó que el teléfono de Emmanuel Kovalivker no puede abrirse sin la intervención policial, lo que limitó la posibilidad de acceder a su información personal.

Conclusiones

El escándalo evidencia la necesidad de una supervisión más estricta de las instituciones públicas y un compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos y beneficios públicos.

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