El último debate legislativo obligó al Ejecutivo a revocar cinco decretos que habían impulsado transformaciones en la Vialidad, el INTA y otros organismos. Mientras la Cámara de Diputados rechazó los cambios, el Gobierno se vio obligado a reponer las normas antiguas, generando tensión entre ambos poderes ante el inminente inicio de la elección legislativa del 27 octubre.
El 19 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados inició una sesión crítica en la que se planteó la asistencia para personas con discapacidad, condicionada a la ratificación y a la eliminación de vetos del Presidente. Al día siguiente, el congreso votó en contra de los aumentos en jubilaciones que habría aprobado la administración.
Durante las jornadas del 20 y 21 de agosto, el Ejecutivo intentó impulsar cambios estructurales en la Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos. Los parlamentarios, sin embargo, rechazaron la propuesta, obligando al Ejecutivo a retractarse.
El 25 de agosto, la Corte Suprema anuló el veto presidencial que había otorgado los cambios, confirmando la autoridad del Congreso sobre la normativa interna del Estado.
En respuesta, el Gobierno redactó un decreto que revocó los cinco actos que se habían presentado. El expediente fue publicado en el Boletín Oficial el 27 de agosto, y el Congreso reactivó las disposiciones que el Ejecutivo había eliminado.
Las medidas reflejan el equilibrio de poder entre las esferas legislativas y ejecutivas de Argentina, y el proceso se desarrolla justo antes de la elección legislativa el 27 de octubre de 2025, que contará con 257 diputados electos, 179 nuevos candidatos y 78 incumbentes.
Este episodio, que se tradujo en una fracción de la jornada de la Asamblea, recuerda la importancia de la negociación y el respeto a los límites constitucionales mientras el país avanza hacia la reelección presidencial del próximo año.