El presidente Milei vuelve a dar fuerza a la normativa que permite apoyar a 600.000 personas con discapacidad tras la anulación del veto presidencial el 25 de agosto; la ley, con un presupuesto de 6.500.000.000 pesos, se concreta frente a la crisis económica y el debate electoral que se acerca
Reactivación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Aprobación inicial y veto presidencial
El 27 de julio de 2023 el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad con un presupuesto de 6.500.000.000 pesos e identificación de 600.000 beneficiarios potenciales. Dos días después, el presidente Milei vetó la normativa, generando un debate intenso en los medios y entre los ciudadanos.
Anulación del veto y firma de la ley
El 25 de agosto de 2023 la Corte Suprema anuló el veto presidencial, estableciendo vigencia inmediata de la ley y habilitando su firma y ejecución en agosto de 2025. La anulación consolidó la trayectoria de los beneficiarios y devolvió la confianza en la capacidad legislativa del Estado.
Impacto y cifras
La ley contempla la entrega de subsidios, mejoras en la infraestructura y asistencia especializada. El presupuesto asignado será distribuido entre centros de rehabilitación, equipamiento médico y programas de formación laboral para personas con discapacidad. Esta iniciativa busca superar la brecha en el acceso a servicios de salud y empleo.
Contexto económico y financiero
En medio de la contracción económica y la elevada inflación, el Banco Central mantiene la tasa referencial en 44% el 11 de agosto de 2025, con tasas de crédito en aumento de 1.0 a 1.5 puntos. El peso se ha estabilizado tras la intervención cambiaria del 2 de septiembre, situándose en 1.335 pesos oficiales.
Repercusiones políticas
La reactivación de la ley coincide con el inminente periodo electoral, con las elecciones provinciales programadas para el 7 de septiembre. La decisión fortalece la postura de Milei frente a la oposición y posiciona a la ley como uno de los logros a destacar antes de la campaña.
Perspectiva a futuro
La efectiva implementación dependerá de la capacidad administrativa del gobierno y la coordinación de los distintos ministerios. La ley abre camino a la inclusión social y la generación de empleo específico, alineándose con los objetivos de desarrollo sustentable del país.