Docentes, estudiantes y académicos se alinean para exigir la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto de Javier Milei, buscando garantizar la sostenibilidad de la educación superior en el país.
El presidente Javier Milei, como parte de su programa de austeridad, vetó la Ley de Financiamiento Universitario el 5 de diciembre de 2024, argumentando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. La medida provocó indignación inmediata en la comunidad académica.
Ante la decisión, la Federación de Estudiantes y la Asociación de Docentes convocaron una marcha el 20 de marzo de 2025, frente a la sede central de la Universidad Nacional de La Plata. La manifestación reunió a decenas de miles de personas que portaron carteles que pedían la revocación del veto y la restitución de presupuestos destinados a la educación superior.
Los manifestantes exigieron que el Congreso vuelva a aprobar la ley para asegurar el financiamiento de becas, infraestructura y salarios de docentes. La marcha contó con la participación de organizaciones sindicales, gremios universitarios y ciudadanos preocupados por el futuro de la educación pública.
El Congreso, por su parte, inició un debate sobre la posibilidad de enmendar la legislación con cláusulas que garanticen su viabilidad presupuestaria. El objetivo es evitar futuras interrupciones del financiamiento universitario y estabilizar las finanzas de las instituciones de educación superior.
Mientras tanto, Milei defendió el veto citando la necesidad de reducir el gasto público y priorizar otras áreas de desarrollo. La controversia sigue generando debates entre partidarios de la austeridad y defensores de la educación pública.
La ley, antes del veto, había establecido una asignación anual para cada universidad pública, con un total estimado de 25 mil millones de pesos, con el fin de cubrir costos operativos, investigación y mejoras de infraestructura en las instituciones de educación superior.